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Hasta las entidades del Estado se pliegan al rechazo que genera el titular de Agricultura y Desarrollo Agrario, Javier Arce Alvarado, quien no solo carece de experiencia en el sector y de estudios universitarios, sino que incluso estuvo en prisión por la supuesta comisión del delito de usurpación de funciones.
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En efecto, la Defensoría del Pueblo, mediante un comunicado, exigió que el Gobierno encabezado por Pedro Castillo revalúe la designación de Arce en un portafolio que será crucial para enfrentar la crisis alimentaria que se cierne sobre el mundo.
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ARGUMENTOS
La mencionada institución, “en atención a su mandato constitucional de proteger los derechos de las personas y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal”, aludió a los destapes periodísticos que revelaron que se investiga a Arce por la presunta comisión de diversos delitos.
“Esto se ve agravado debido a que el referido funcionario, en la declaración jurada exigida por la Ley N° 31457 de forma previa a asumir el cargo ministerial, negó tener o haber tenido investigaciones fiscales y condenas”, reza el comunicado.
La Defensoría enfatizó que consignar información falsa en un documento público no solo constituye un acto ilícito, sino también “una grave afectación del principio de transparencia, un obstáculo para el control ciudadano de las decisiones públicas y, en definitiva, un actuar opuesto a los valores que debe representar un ministro”.
La entidad, además, mencionó la falta de formación y experiencia de Arce.
“Por lo expuesto, la Defensoría del Pueblo considera necesario que el presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros (Aníbal Torres) revalúen la designación del referido funcionario y la pertinencia de mantenerlo en tan importante cargo, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de la población”, concluye la nota de prensa.
