De acuerdo con la Constitución, el Poder Judicial (PJ) es un poder del Estado que tiene como tarea ejercer la potestad de administrar justicia. Sin embargo, en los últimos años la institución parece haber adquirido un poder superior, pues ha intervenido en una serie de decisiones tomadas por otros altos poderes del Estado.
Según información revisada por Correo, el PJ dio un revés en al menos una decena de casos emblemáticos que estaban en manos de otras instituciones (ver infografía).
LOS CASOS
Uno de los primeros casos en que el PJ tuvo injerencia sobre el Congreso ocurrió en 2022.
Ese año, el Pleno aprobó una ley que modificaba la conformación del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Sin embargo, esta última institución presentó una demanda.
Fue así que el Segundo Juzgado Constitucional de Lima ordenó suspender, de manera provisional, la aplicación de la ley.
Ese año el PJ también ordenó al presidente y a los integrantes de la Comisión Especial del Congreso encargada de seleccionar candidatos a defensor del Pueblo, que suspenda de manera provisional el proceso.
Más tarde fue el turno del Poder Ejecutivo, luego de que el juez Jonathan Valencia ordenara reponer a Daniel Soria como titular de la Procuraduría General del Estado (PGE), quien había sido destituir de su cargo por el entones premier Aníbal Torres.
Mientras que en octubre de ese año, el PJ le ordenó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) anular la suspensión de 60 días que le había impuesto a la jueza suprema Elvia Barrios.
El Pleno de la JNJ la había suspendido por no informar que su exesposo Eduardo Laca contrató con el Jurado Nacional de Elecciones entre los años 2015 y 2015.
El año 2023 tampoco fue muy diferente para el Congreso, porque tuvo que suspender procesos contra altos funcionarios.
Por ejemplo, en noviembre la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó que el Parlamento suspenda, de manera provisional, la investigación que realizaba en contra de los integrantes de la JNJ.
Un mes después, el PJ declaró nulo todo lo que había resuelto la Comisión de Justicia del Congreso, grupo que trabajo que había aprobado un informe final que recomendaba remover a los siete integrantes de la JNJ por presunta falta grave.
ACTUALES
Este año el PJ también tomó polémicas decisiones.
El 16 de marzo ordenó reponer al fiscal Rafael Vela Barba como coordinador del Equipo Especial Lava Jato, quien había sido suspendido por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público por ocho meses y 15 días por declaraciones en contra de la jueza que liberó a Keiko Fujimori.
Además, el 23 de marzo el PJ ordenó reponer a Inés Tello y Aldo Vásquez como integrantes de la JNJ.
Ambos magistrados habían sido inhabilitados de la función pública por 10 años.
Mientras que el martes se conocieron otras dos decisiones del PJ. La primera ordena la reposición de María Aurora Caruajulca Quispe como procuradora general del Estado, quien había sido nombrada y destituida durante la gestión de Pedro Castillo.
Por otro lado, se ordenó la reincorporación de Zoraida Ávalos como fiscal suprema del Ministerio Público (MP).
En 2023, ella fue inhabilitada por cinco años de la función pública por el Congreso debido a que incumplió sus obligaciones como fiscal de la Nación al no investigar al expresidente Castillo Terrones.
Al cierre de esta edición todavía no se conocía si el Congreso presentaría una apelación por la orden de reposición.
ANÁLISIS
Para el constitucionalista Alejandro Rospigliosi, “hay intromisión de algunos jueces en las decisiones del Congreso”.
“Hay un desacato de algunos jueces con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que estableció que no se puede judicializar la política”, indicó.
En diálogo con Correo, el exjefe de Gabinete la Mesa Directiva y Jefe del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios del Congreso, recordó que el TC publicó una sentencia en marzo del año pasado sobre una demanda del Parlamento contra el PJ por haber suspendido la ley que hacía cambios a la Sunedu y la elección del defensor del Pueblo.
En Congreso demandó al PJ bajo el argumento que al ejercer sus competencias en el ámbito de la administración de justicia, habría menoscabado las atribuciones exclusivas del Legislativo.
“Nos guste o no, el Congreso toma decisiones que le otorga la Constitucional”, afirmó.
Además, se refirió a la decisión del PJ que ordenó la reposición de Zoraida Ávalos como fiscal suprema.
“Es un juicio político, así se llama, es una decisión del Congreso, ¿Cómo es posible que el PJ esté entrometiéndose?”, cuestionó.
En un sentido similar se pronunció el constitucionalista Natale Amprimo.
“El PJ cumple un rol controlador y eso no está en discusión, el problema es que esta ingresando en temas que no son revisables y que incluso han merecido sentencias del TC”, afirmó.
Amprimo dijo que si bien el PJ puede controlar algunas situaciones, debe ceñirse a la naturaleza de cada institución y lo que dicta el TC.
“El sistema judicial es un poder jerarquizado y debe acatar lo que dicta el TC. Por eso hay precedentes y hay plenos jurisdiccionales. Entonces, un juez puede hacer una interpretación constitucional y puede inaplicar una norma, salvo que el TC haya fallado (sobre ese tema con anterioridad)”, sostuvo.
En ese sentido, mencionó que hay magistrados que hacen caso omiso y contraviene lo que dice la Constitución.
“En una JNJ esos magistrados deberán ser destituidos porque están creando un caos jurídico. Estamos ante magistrados que no cumplen su rol y no respetan los precedentes interpretativos dictados por el TC creando un caos. Si existiera un sistema de verdad del control de la actuación judicial, deberían estar fuera porque no colaboran a generar criterios concurrentes sino por el contrario promueven el caos”, agregó.
En el Congreso también aparecieron posturas críticas a las decisiones del PJ.
“Hay un interés claro y una intromisión en este tipo de decisiones”, dijo Diego Bazán (Avanza País) al ser consultado por la reposición de Zoraida Ávalos.
Mientras que Américo Gonza de Perú Libre consideró que “el PJ debe respetar los fueros”, porque el Congreso tiene la prerrogativa de inhabilitar a altos funcionarios del Estado. “Hemos hechos uso legítimo de nuestra función”, agregó el legislador.
