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Durante la audiencia de impedimento de salida del país de los sobrinos del presidente de la República, Pedro Castillo, del exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco, así como el empresario Zamir Villaverde, entre otros, por el caso Puente Tarata, la fiscal Karla Zecenarro sustentó su pedido ante el juez Manuel Chuyo.
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“Otras de las irregularidades que detecta el Ministerio Público y que han sido advertidos por la Contraloría, posteriormente, se da a través de la buena pro con la calificación de las propuestas (...) el consorcio Puente Tarata no cumplía con la experiencia mínima en obras similares conforme establecían las bases”, indicó la fiscal.
En esa línea, Zecenarro dijo que la Contraloría evidencia que, de los 12 contratos que presenta el consorcio Puente Tarata siete no cumplían y adecuaban al requisito de obras similares.
“Es decir más de la mitad de contratos que acreditaban su experiencia en realidad no acreditaban tal experiencia. Es evidente que esto debió ser advertido por el Comité de Selección que ahora son investigados y, pese a ello, otorgaron de manera indebida la buena pro a esta empresa”, sostuvo la representante del Ministerio Público.
Asimismo, la fiscal agregó que las dos empresas que quedaron en primer lugar en esta licitación tienen un vínculo por razón social, rubro, giro del negocio, accionistas y representantes legales, que debieron ser advertidos antes de otorgarse la buena pro.
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“La norma prohíbe que empresas vinculadas, que formen parte de un mismo grupo económico, tengan la posibilidad de competir y de ser favorecida por la buena pro”, acotó.
Cabe destacar que la adjudicación de esta obra la otorgó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de su unidad ejecutora Provías Descentralizado (PVD), para la construcción del Puente Tarata sobre el rio Huallaga, ubicado en la provincia de Mariscal Cáceres en San Martín.
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