Un análisis de fact checking elaborado por el Instituto Videnza pone bajo la lupa dos propuestas económicas planteadas por candidatos presidenciales, relacionadas con el consumo eléctrico domiciliario y el uso de las Reservas Internacionales Netas (RIN), evaluando su viabilidad y posibles efectos económicos y sociales.
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Tarifa eléctrica máxima de S/50
El candidato Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, propone establecer una tarifa máxima de S/50 para el consumo de electricidad en los hogares de las regiones del sur del país.
Según el análisis, esta medida tendría un carácter regresivo, ya que beneficiaría principalmente a los hogares con mayor consumo eléctrico, y no necesariamente a los sectores más vulnerables. Datos de consumo promedio muestran que en regiones como Huancavelica, Apurímac, Ayacucho y Puno, el gasto mensual en electricidad no supera los S/20, por lo que una tarifa tope no generaría un ahorro real para estas familias.
Además, el estudio advierte que un precio máximo podría desincentivar el ahorro energético, incrementar la demanda y generar presiones sobre los sistemas eléctricos regionales, sin resolver los problemas estructurales del acceso a la energía.
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Uso de Reservas Internacionales para gasto social
Por otro lado, el candidato Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, plantea utilizar las Reservas Internacionales Netas (RIN) para financiar políticas de salud enfocadas en la lucha contra la anemia y la tuberculosis.
El análisis advierte que esta propuesta pondría en riesgo la estabilidad macroeconómica, ya que las RIN cumplen un rol clave en la protección de la economía frente a crisis externas, garantizan la estabilidad cambiaria y respaldan la confianza financiera del país.
Experiencias internacionales citadas en el informe, como Bolivia (2014–2023) y Sri Lanka (2019–2022), muestran que una reducción drástica de reservas puede derivar en escasez de divisas, inflación, pérdida de confianza y crisis económicas severas. En el Perú, además, el uso de las RIN para gasto corriente enfrenta restricciones constitucionales, al ser el Banco Central de Reserva del Perú la entidad responsable de su administración.
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Conclusiones del análisis
El Instituto Videnza concluye que, si bien ambas propuestas buscan atender demandas sociales legítimas, no superan el rigor técnico al ser contrastadas con la realidad económica del país. En ambos casos, se identifican riesgos no considerados que podrían afectar la equidad social, la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica.
El informe subraya la importancia de que las propuestas de campaña incorporen diagnósticos precisos, focalización adecuada y respeto al marco institucional, para evitar efectos adversos de largo plazo.
