Partidos políticos destinarían presupuesto de la franja electoral a empresas vinculadas a sus afiliados. Foto: Andina.
Partidos políticos destinarían presupuesto de la franja electoral a empresas vinculadas a sus afiliados. Foto: Andina.

La asignación de recursos para la franja electoral vuelve a generar cuestionamientos, pues se estaría haciendo un mal uso de este recurso público. Sucede que al menos 10 partidos políticos contrataron espacios publicitarios en medios de comunicación vinculados a militantes, afiliados o personas relacionadas con sus organizaciones.

De acuerdo al dominical Cuarto Poder, esta situación expone que no existen restricciones legales que impidan a los partidos contratar a empresas de militantes para la difusión de propaganda. Como se conoce, el presupuesto para la franja electoral es de S/80 millones y este debe ser distribuido entre las organizaciones que buscan un curul, ya sea en la Presidencia, en la Cámara de Diputados o Senadores.

ADVIERTEN CONFLICTO DE INTERESES

Entre los casos detectados figuran contrataciones realizadas por Fuerza Popular que escogió exclusivamente al medio Radio Excelente 92.1 de Chiclayo, cuya razón social es TELEJAC S.A.C. El partido transmitirá su propaganda siete veces por día (22 días), pagando por cada día S/1400.

Lo cuestionable es que la gerente de esta emisora es Tania Burgos Solano, y uno de sus socios (Javier Castro) se encuentra afiliado al partido naranja y es candidato para la Cámara de Diputados, que pagará S/30 800. Al respecto, Javier Castro indicó que la gerente deberá comunicar a la ONPE que renunciarán por “decoro y ética” a la publicidad.

Otro caso es el de Progresemos, partido que destinó S/71 000 al medio Oriental TV de Ucayali, pese a que su propietaria, Mercedes Santa María Marín, también es militante. La empresaria aseguró que no tiene contacto con este partido.

Además, Alianza Para el Progreso (APP) destinó S/12 600 a Innova Radio, medio fundado por Yully Esmery Merino Pinedo, afiliada al partido. El medio de comunicación comparte publicaciones de la organización, desde cumpleaños hasta candidaturas. Sumado a ello, APP destinó S/349 000 a Cosmos TV, un medio que fue fundado por la Universidad César Vallejo del candidato César Acuña.

También está el partido PRIN, que asignó S/ 10 175 a La Única Radio y TV, cuyo titular es José Cabrera Flores, afiliado a dicha organización política. La razón social de esta radio es Lanla Ingenierías y Servicios Generales, y según Registros Públicos, se dedica al saneamiento de predios, consultorías, alquiler de maquinaria, construcción y hasta actividades mineras.

La empresa radial deberá transmitir su propaganda hasta 5 veces al día por 58 días.

Perú Libre destinó S/3 823 a la emisora Cositel Radio, donde su gerente es Ascencio Cosi Apaza (afiliado al partido). También asignó S/8 160 a Radio Emanuel de Jaime Guzmán Aguilar (afiliado).

Asimismo, esta situación se repite en Juntos por el Perú, que designó S/2 024 a Radio La Voz de Puquio de María Carrillo Basilio (afiliada); Perú Primero destinó S/6 800 a Dilo Fuerte Arequipa de Rosario Huanqui Hallasi (afiliada); Fe en el Perú dirigió S/2 548 a Radio Buker Huarochiri de José Quispe Leiva (afiliado); Ahora Nación dedicó S/1 844 a Radio Super Fuego Cajamarca de Ylman Ramos Ruiton (afiliado).

Por otro lado, en el partido Primero la Gente, la candidata presidencial Marisol Pérez Tello calificó la situación como un “escándalo” y reconoció un conflicto de intereses.

En el partido País para Todos, el candidato presidencial Carlos Álvarez cuestionó que se destinen S/642 mil a Nativa TV, un medio con baja audiencia, y anunció su intención de retirar a su partido de la franja electoral. Después de horas de conversaciones se habría llegado a un acuerdo.

Ante ello, especialistas advierten que esta práctica podría desnaturalizar el objetivo de la franja electoral, si se confirma que los recursos terminan beneficiando directa o indirectamente a miembros de las propias organizaciones políticas. El uso de estos fondos ya viene siendo revisado por la Fiscalía, que evalúa posibles irregularidades en los contratos y eventuales conflictos de intereses.

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