El proyecto de ley mediante el cual el Poder Ejecutivo solicitará facultades legislativas al Congreso plantea actualizar el marco normativo para ampliar la participación de la inversión privada en el Sistema Nacional Especializado de Internamiento y Reinserción Social.
La propuesta, que aún se encuentra en evaluación y deberá ser aprobada por el Consejo de Ministros, busca crear un nuevo marco legal para promover inversiones en infraestructura penitenciaria y en la prestación de servicios vinculados al funcionamiento de los establecimientos de reclusión.
Lee: Canciller Espá: “No podemos estar separados de México”
Incluye asociaciones público-privadas
El texto establece que el Ejecutivo podrá actualizar la normativa para fomentar la participación privada en la infraestructura, administración, gestión, operación y prestación de servicios relacionados con el sistema penitenciario.
Asimismo, contempla el desarrollo de asociaciones público-privadas (APP) y otros mecanismos de promoción de la inversión privada para ejecutar proyectos destinados a mejorar la capacidad y funcionamiento de los penales.
La iniciativa también prevé definir las competencias para la promoción, contratación, supervisión y ejecución de estos proyectos.
Lee: ¿Lastres en el primer Gabinete Ministerial de Keiko Fujimori?
Forma parte de la reforma penitenciaria
La propuesta forma parte del paquete de medidas orientadas a fortalecer el sistema penitenciario y de reinserción social.
Además de promover la inversión privada, el proyecto plantea reorganizar el sistema penitenciario, reforzar su administración, fortalecer la seguridad de los establecimientos y mejorar los programas de tratamiento y reinserción de las personas privadas de libertad.
El documento aún no ha sido aprobado por el Consejo de Ministros y podría sufrir modificaciones antes de ser remitido al Congreso.
Lee: México abre diálogo con nuestro gobierno
Prevé apoyo temporal de las Fuerzas Armadas en los penales
Uno de los puntos centrales del proyecto contempla regular la participación temporal y excepcional de las Fuerzas Armadas en funciones de dirección, seguridad, control, supervisión y apoyo operativo dentro de los establecimientos penitenciarios.
El documento precisa que esta intervención deberá realizarse conforme al marco constitucional vigente, como parte de las medidas para recuperar el control y fortalecer la seguridad en el sistema de internamiento.
Fortalecerán programas de reinserción social
Otro de los ejes del proyecto busca perfeccionar el régimen de tratamiento de las personas privadas de libertad mediante mejoras en los programas de trabajo, capacitación, alimentación, remuneración y reinserción social.
El texto señala que estas reformas deberán implementarse respetando los derechos fundamentales de los internos y garantizando condiciones adecuadas de internamiento.
