La Junta Nacional de Justicia (JNJ) presentó al Congreso un proyecto de reforma constitucional para que sus decisiones de nombramiento, evaluación y sanción disciplinaria a jueces y fiscales no sean revisables por el Poder Judicial, salvo en casos de vulneración de derechos humanos vía proceso de amparo.
La iniciativa modifica el artículo 142 de la Constitución y el artículo 42 del Código Procesal Constitucional, alineando el tratamiento jurídico de la JNJ con el del Jurado Nacional de Elecciones, con el fin de consolidar su autonomía funcional en la supervisión de la carrera judicial.
La JNJ argumenta que la judicialización excesiva de sus resoluciones genera medidas cautelares que paralizan procedimientos disciplinarios, invierten jerarquías funcionales y debilitan su autoridad. La propuesta extiende la protección actual -limitada a evaluaciones y ratificaciones- a todas sus decisiones administrativas, permitiendo solo amparos ante salas constitucionales por afectaciones manifiestas de derechos humanos, en línea con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y estándares internacionales.
El proyecto incluye un análisis comparado con España, México, Colombia, Argentina y Uruguay, donde órganos similares gozan de autonomía sin injerencia ordinaria.
Según la JNJ, la reforma reduciría la carga procesal del Poder Judicial, agilizaría sanciones y fortalecería la separación de poderes sin costos económicos ni alteraciones estructurales. Entraría en vigencia inmediata tras su publicación, reencauzando procesos en trámite.
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