El Congreso enfrenta un nuevo episodio de tensión política tras la presentación de la séptima moción de censura contra el presidente José Jerí, impulsada por el congresista Hamlet Echevarría.
La presión parlamentaria sigue en aumento. Y es que esta iniciativa se suma a otras seis presentadas en los últimos días y evidencia el creciente consenso parlamentario para cuestionar la permanencia de José Jerí, quien además preside la Mesa Directiva y ejerce de manera encargada la Presidencia de la República. En tanto, Fernando Rospigliosi es el presidente encargado del Congreso.
La moción cuenta con el respaldo de legisladores de diversas bancadas, entre ellas Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, Bloque Magisterial, Bancada Socialista, Acción Popular, Renovación Popular, Podemos Perú, Bloque Democrático Popular y congresistas no agrupados.
En el documento se cuestionan reuniones no registradas en la agenda presidencial con empresarios chinos, las cuales -según los firmantes- vulneran gravemente los principios de transparencia, rendición de cuentas y primacía del interés público.
Así, la acumulación de siete mociones en un corto periodo refleja un escenario de inestabilidad institucional, en el que la continuidad de José Jerí se ve cada vez más comprometida.
Cabe precisar que de acuerdo con el reglamento del Congreso, las iniciativas deberán ser debatidas y votadas en el Pleno.
Días atrás, el presidente del Consejo Privado de Competitividad y exministro de Economía, David Tuesta, advirtió que la debilidad política del Ejecutivo termina generando un “secuestro fiscal”, en el que el presidente de turno se ve obligado a ceder ante el Congreso para garantizar su permanencia en el cargo.
Fiscalía
Como se sabe, este viernes el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, tomará la declaración del presidente de la República, José Jerí, en el marco de la investigación preliminar que se le sigue por las reuniones y visitas sostenidas con empresarios chinos.
Jerí Oré es investigado por los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias en agravio del Estado.
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