Todo indica que la presidenta Dina Boluarte no descartó que el Poder Judicial (PJ) apruebe una orden de detención para su hermano Nicanor Boluarte, por ese motivo, desactivó el equipo especial de la Policía que apoya al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) el jueves. Sin embargo, su decisión fue en vano.
Y es que ayer a las 6:00 a.m., el Eficcop realizó un operativo de detención preliminar por 10 días contra ocho investigados, a quienes se les imputa la presunta comisión de los delitos de organización criminal y tráfico de influencias, entre ellos, Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda, abogado de la mandataria.
El hermano presidencial es sindicado de presuntamente liderar la organización criminal “Los Waykis en la Sombra”, red que tenía por objetivo constituir el partido “Ciudadanos por el Perú” (CPP) para usarlo como plataforma a fin de mantener el poder en el aparato estatal y obtener ganancias ilícitas.
La orden de aprehensión alcanza a Jorge Ortiz Marreros, Víctor Hugo Torres Merino, Zenovia Griselda Herrera Vásquez, Edwin Ugarte Nina, así como a los hermanos Jorge y Noriel Chingay Salazar (ver infografía).
DETALLES
La orden de detención emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho, incluye el allanamiento de 26 inmuebles ubicados en Lima, San Martín, Junín, Abancay y Cajamarca.
El PJ también autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones para visualizar y extraer información de celulares, computadoras, laptops, redes sociales, entre otros; además se autorizó levantar el secreto bancario.
La tesis fiscal sugiere que la organización criminal, integrada por al menos 22 personas, se habría gestado inmediatamente después de que Boluarte asumió como presidenta, es decir, el 7 de diciembre de 2022.
De acuerdo con el documento al que tuvo acceso Correo, se atribuyen cuatro hechos a la red criminal.
El primero: Nicanor Boluarte habría gestado una cadena de acciones que consistía en copar la Dirección General del Gobierno del Interior y la Dirección de Autoridades Políticas del Ministerio del Interior, mediante la designación ilegal de subprefectos en la región San Martín, a cambio de que estas autoridades consigan firmas para la inscripción del partido CPP y un pago mensual entre 150 y 200 soles.
En el segundo hecho, la Fiscalía sostiene que el hermano de Dina Boluarte cometió las mismas acciones, pero en la región Cajamarca. En este caso, Noriel Chingay habría captado a personas de confianza para que sean nombrados subprefectos a cambio de cantidades entre 3500 y 5000 soles.
Aunque en más de una oportunidad Nicanor Boluarte negó sus vínculos con el partido, existen declaraciones en la Fiscalía que lo desmienten. Por ejemplo, exprefecto regional Armando Villalobos aseguró que Nicanor era el coordinador general, mientras que el exsubprefecto de San Martín, Luis Soria, declaró que durante una reunión, Griselda Herrera se presentó como una de las coordinadoras de CPP y que iba en “representación” de Nicanor.
Mientras que Tedoro Berrú, excolaborador de la campaña de Dina Boluarte, declaró que escuchó a Edwin Ugarte decir: “Te sugiero que des un aporte de 10 mil soles, eso irá al partido CPP y eso por exigencia de Nicanor, aportas y al día siguiente sale tu resolución”.
GRAVE
El tercer hecho que le atribuye la Fiscalía a la red criminal son las influencias ilícitas para lograr la designación de Juan José Enciso Torres como director ejecutivo de Provías Descentralizado, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que maneja un significativo presupuesto público .
Un testigo protegido relató ante la Fiscalía que Víctor Hugo Torres le comentó a Enciso Torres que “estamos buscando gente de confianza”, posteriormente, lo llevó a una reunión con Nicanor en su domicilio en San Borja.
En el encuentro le pidieron su CV, pero la designación no se concretó.
Por último, en el cuarto hecho se señala que Mateo Castañeda, abogado de Boluarte, habría cometido actos de corrupción en un intento por neutralizar las investigaciones contra Nicanor.
Sobre este punto, el abogado Castañeda se reunió con el agente encubierto “René” en un restaurante ubicado en Miraflores.
Fue en ese encuentro que el letrado le pidió que interceda con la fiscal Marita Barreto, quien tiene a su cargo el Eficcop, a fin de archivar la investigación que se le sigue a Nicanor Boluarte.
No solo existe el voucher de consumo en el restaurante pagado por Castañeda, quien fue el que hizo la reserva en el local, sino también conversaciones que sostuvo con el agente encubierto.
El documento de la orden de detención también señala que el abogado ofreció acuerdos ilícitos al coronel PNP Harvey Colchado y al coronel PNP Walter Lozano.
“Con ello, buscó obtener información que involucre en algún hecho ilícito a la presidenta Dina Boluarte, las mismas que se obtengan de los procesos especiales de colaboración eficaz, a fin de informarle inmediatamente”, se lee en la resolución.
De esa manera, la mandataria buscaría adoptar una estrategia y un mecanismo de protección que genere impunidad para los integrantes de la red.
También se señala que habría concertado con la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y la Policía, para destituir al equipo especial de la PNP que apoya al Eficcop.
Por otro lado, canal N captó el martes 7 de mayo al jefe de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), Franco Moreno, saliendo de Palacio.
Sostienen que se reunió con la presidenta Boluarte, quien le habría pedido que le informe sobre las investigaciones que involucran a su hermano Nicanor y a su abogado Castañeda. Sin embargo, el coronel PNP no cedió a la presión y se retiró del lugar.
DESCARGOS
Luego de permanecer siete horas en el allanamiento en su vivienda en San Borja, Nicanor Boluarte fue retirado por la Policía con una gorra y mascarilla, mientras que los grilletes fueron cubiertos por una casaca.
A su salida, negó las imputaciones y se le escuchó decir “soy inocente”. “Niego absolutamente todo. Soy inocente. No tengo ninguna organización criminal”, afirmó en declaraciones a la prensa.
Posteriormente fue llevado a la Prefectura, al igual que los demás detenidos.
Más tarde, Nicanor dijo a Latina que “es honesto”, que no sabía por qué era detenido y que no conocía los cargos.
Por otro lado, el abogado Castañeda se habría acogido a la colaboración eficaz y comprometido a facilitar información clave del caos.
