La congresista y primera vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano (Fuerza Popular) , presentó una denuncia constitucional contra su colega de bancada María Cordero Jon Tay, quien recortaba hasta el 75% del sueldo a su trabajador.
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De acuerdo al documento al que accedió Correo, se detalla parte del audio difundido en el programa Punto Final, donde la fujimorista insiste en que su trabajador vaya al cajero con ella.
“Vamos al cajero entonces, no sé. No, no es que no tengas. Es que yo necesito. Eso es el tema. Las operaciones no esperan. Y son personas que me han ayudado en campaña. O sea, yo ya quedé, no puedes estar mañana, mañana, mañana. Así no son las cosas, porque a ti ya te depositaron, ya vamos al cajero de una vez”, se detalla.
También se indica que Cordero tiene un intermediario para realizar el cobro de cupo, que es Braden Paredes Calla, un técnico que labora en el área de Archivo del Congreso de la República.
”Conforme se puede apreciar del contenido del audio, se trata de hechos de suma gravedad que nos brindan la sospecha de la comisión de delitos, en especial el de concusión, así como de la lesión de diversos bienes y principios constitucionales, atentando contra el ordenamiento jurídico constitucional peruano, todo lo cual afecta gravemente la salud de la república”, se explica en la denuncia.
Luego se destaca que no existe ningún argumento que pueda justificar ninguna de las afirmaciones o motivaciones esgrimidas por la denunciada para solicitar el recorte de remuneración de su trabajador.”
#En consecuencia, solicito que de manera inmediata y con suma y responsable celeridad, se inicie el procedimiento de acusación constitucional establecido en los artículos 99 y 100 de la Constitución Política, y desarrollado en el artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, a efectos de que se determinen las responsabilidades y sanciones correspondientes al antejuicio y juicio político, respectivamente, y de manera ejemplar, para erradicar estas prácticas antijurídicas multilesivas, y evitar que en el futuro se repitan situaciones similares en perjuicio de los bienes de relevancia penal y/o constitucional, según cada caso”, se destaca.
Finalmente, Moyano pide que Cordero Jon Tay sea alejada permanentemente de la función pública, a través de la inhabilitación permanente o perpetua. Sin embargo, precisa que la Constitución Política de 1993 establece como máxima sanción del juicio político solo 10 años de inhabilitación.
“Por todo lo expuesto, de conformidad con el artículo 100 de la Constitución, corresponde que se imponga a la denunciada, por la vía del señalado juicio político, la sanción máxima que el ordenamiento permite para la infracción constitucional, consistente en la destitución del cargo de congresista y la inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años”, se explica.
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