El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos adjudicó un contrato de 192 millones de soles para la ampliación del penal de Arequipa al Consorcio Infra Penal Arequipa, una entidad que no figuraba en los registros de la Sunat al momento de ser convocada. Así lo reveló un reportaje de Cuarto Poder, tras constatar que el consorcio formalizó su inscripción institucional el mismo día en que fue declarado ganador del proceso.
La obra tiene como objetivo ampliar la capacidad del penal arequipeño para albergar a 1,600 personas, en respuesta al severo hacinamiento que registra el recinto. El presupuesto del proyecto, que data de 2011 con un costo inicial de 65 millones de soles, se multiplicó hasta alcanzar los 366 millones de soles en enero de este año.
Antecedentes del consorcio
El Consorcio Infra Penal Arequipa está integrado por las empresas Ahren Contratistas Generales SAC, Supervisa y Construye M&G SAC, y Constructora M&J SAC. Las tres compañías registran inhabilitaciones temporales previas por haber presentado documentación falsa e información inexacta en licitaciones anteriores con el Estado.
Ahren Contratistas Generales SAC acumuló dos sanciones: una de 40 meses que culminó en julio de 2024 y una posterior de 4 meses. Mientras que Constructora M&J SAC cumplió una inhabilitación de 37 meses que venció apenas dos meses antes de esta adjudicación, y el mes pasado recibió una nueva suspensión de 3 meses por incumplir las reglas estatales.
La abogada especialista en contrataciones públicas Cecilia Ruiz evaluó el historial de estas empresas y calificó la situación como una falta de gravedad extrema. En su opinión, las compañías “prácticamente esperaron el vencimiento de sus castigos para volver a contratar”.
El contrato no se otorgó mediante una licitación pública abierta, sino a través de una invitación directa gestionada desde el Minjus. En octubre de 2025, el entonces presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, anunció públicamente la existencia de un ganador cuando el proceso todavía no figuraba en el sistema oficial de contrataciones.
La investigación también identificó coordinaciones y mensajes de felicitación personal entre Paredes Yataco y el representante legal del consorcio. La dirección fiscal registrada por el consorcio resultó ser un espacio donde nadie atiende, lo que viene siendo cuestionado por los organismos de control.
El representante legal del consorcio ganador es el abogado Pierre Escobar Otoya, quien carece de experiencia en contratación pública. Escobar Otoya admitió haber sido “recomendado” para ocupar el cargo al frente del consorcio.
El letrado trabajó en el estudio jurídico del exministro de Justicia Juan José Santiváñez, quien condujo esa cartera hasta dos meses antes de que se adjudicara el contrato y desde cuyo despacho se impulsaba el proyecto. La coincidencia entre su salida del Minjus y la adjudicación forma parte de las irregularidades que los organismos de control tienen bajo observación.
