Un día antes de cumplir nueve meses de prisión, el expresidente Ollanta Humala Tasso reapareció en la escena pública. Desde el penal de Barbadillo, y mediante sus redes sociales, demandó su libertad, bajo el amparo del reciente archivo del Caso Cócteles.
El exmandatario alegó que la decisión del Poder Judicial (PJ) de sobreseer el mencionado proceso judicial, en cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que consideró que se violó el principio de legalidad y otros derechos fundamentales de Keiko Fujimori, debería redundar en su condena de 15 años de cárcel por lavado de activos, por recibir aportes ilícitos para sus campañas electorales de los años 2006 y 2011.
En un pronunciamiento, Humala Tasso cuestionó la continuidad de su reclusión, pese a que –sostuvo– el TC y el PJ coinciden ahora en que los aportes de campaña no constituyen delito.
“El Poder Judicial ha sobreseído definitivamente el caso de lavado de activos sobre aportes de campaña contra Keiko Fujimori y sus coacusados. Entonces, ¿por qué yo estoy en prisión, por qué mi familia se ha visto obligada a abandonar su tierra si no cometimos ningún delito?”, expresó Ollanta Humala.
EVALUACIÓN
Aunque la defensa del expresidente sostiene que el archivamiento del Caso Cócteles crea un precedente jurídico que debería extenderse a casos similares, como el suyo, juristas y especialistas han expresado que la resolución en cuestión no es vinculante de manera automática para otros expedientes, y que cada proceso debe evaluarse de manera individual.
En su decisión, cabe recordar, el TC consideró que Fujimori fue investigada y acusada por hechos que, al momento de ocurrir, no constituían delito. Dicha instancia resaltó que a la lideresa de Fuerza Popular se le aplicó una figura penal recién creada en noviembre de 2016 para hechos vinculados a sus campañas de 2011 y principios de 2016.
