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El presidente de la República, Pedro Castillo, viene siendo blanco de cuestionamientos por presuntamente intervenir en los ascensos de las Fuerzas Armadas, según denunciaron dos excomandantes generales. Por este motivo, desde el Congreso no han descartado vacar al jefe de estado. Pero, ¿es posible una vacancia por ese hecho?
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Correo conversó con diversos constitucionalistas para conocer su opinión al respecto. Uno de ellos es Omar Cairo, quien señaló que la vacancia presidencia no cabe por el citado caso.
“La vacancia procede solo por situaciones objetivas que impiden al presidente estar en el cargo, como la incapacidad física (...) la vacancia no es un procedimiento para castigar una conducta, sino para casos en las que el presidente no puede continuar en el cargo”, dijo el abogado.
Desde el punto de vista de Cairo, lo que podría proceder contra al mandatario, en caso se demuestre que tuvo injerencia en los ascensos de las Fuerzas Armadas, es que tenga un juicio político por infracción de la Constitución.
“Me refiero al artículo 172 de la Constitución, que establece que los ascensos sea una propuesta del instituto armado correspondiente. Por ello, corresponde un juicio político en la cual el Congreso puede sancionarlo con la suspensión, destitución e inhabilitación”, señaló.
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Para el constitucionalista Aníbal Quiroga existe una actuación irregular del jefe de Estado al relevar a dos comandantes generales que estuvieron en contra de ascender a militares de su entorno y no “ceder a las presiones”.
“Eso escapa a sus facultades, porque se convierte en un acto de venganza (...) La decisión de vacar al presidente es política y depende del Congreso, que debe tener los 87 votos”, alegó.
A su turno, Ernesto Álvarez, expresidente del Tribunal Constitucional, calificó como un “error político del presidente” el tratar de influir en los ascensos militares a través de terceros, lo cual constituye un delito.
“No se puede procesar ahora a Castillo sino hasta el final de su mandato, pero sí asume responsabilidad política y constitucional el ministro (Walter Ayala), y penal el secretario general de la Presidencia al no tener antejuicio”, señaló.
Asimismo, aseveró que hay una falta ética del jefe de Estado, por lo que puede abrirse un debate sobre su moral.
“Por encima de las preferencias ideológicas, creo que aún sus serios errores no revisten la gravedad necesaria para pensar en una vacancia, pero lo acerca al límite de la tolerancia ciudadana. Un error más y podría desencadenarse su caída”, manifestó.
Por su parte, el constitucionalista César Aliaga señaló que aún no se puede hablar de una vacancia contra Pedro Castillo, debido a que no existe un escenario en donde la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, pida la remoción del ministro de Defensa, Walter Ayala, y que esta opción sea negada por el presidente.
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“La permanencia del ministro de Defensa en el Gabinete es responsabilidad política de la presidenta del Consejo de Ministros. En efecto, el artículo 122 de la Constitución señala que la premier propone al presidente de la República el nombramiento y remoción de los demás ministros. Por tanto, ante esta crisis política corresponde que Mirtha Vásquez lo proponga, de no ser así, podría evaluarse una opción de vacancia”, señalo el especialista.
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