No daba para más. Hugo Chávez Arévalo renunció ayer de manera irrevocable a la gerencia general de Petroperú y al cargo que desempeñaba como integrante del Directorio.
Su dimisión se da cinco meses después de que la Fiscalía le iniciara una investigación por colusión simple por un presunto favorecimiento a una empresa para la adquisición de biodiésel B100, tras la reducción de la calificación de riesgo de la empresa estatal por no tener una firma contratada para auditar los estados financieros y por generar -recientemente- un enfrentamiento entre los ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
Cabe precisar que la renuncia de Chávez Arévalo se hará efectiva desde hoy, fecha en la que también sesionará el Directorio que tendrá como punto de agenda la designación de su reemplazo.
De acuerdo con fuentes de la institución, el economista dio un paso al costado por pedido del presidente Pedro Castillo, pues su permanencia al frente de la empresa estatal era insostenible tras la crisis que generó en su gestión.
Precisamente, Chávez se reunió con el mandatario ayer por la mañana, horas antes de la emisión de un reportaje de Punto Final que reveló que el empresario que le da seguridad, ofrecía contratos millonarios con la empresa estatal.
MOTIVOS
La historia inició el 6 de enero, cuando la Contraloría designó a la firma de consultoría PwC (antes PricewaterhouseCoopers) a fin de que esta audite los estados financieros de Petroperú, sin embargo, esta abstuvo ¿el motivo? Se mostró en desacuerdo con una parte del contrato que exigía Petroperú, una claúsula de confidencialidad a plazo indefinido.
Esto generó que el gerente de finanzas, Fernando de la Torre, anunciara que le pediría al directorio la autorización para demandar a la consultora, mientras tanto, la Contraloría debería convocar a un nuevo concurso.
La situación financiera de Petroperú generó preocupación en Óscar Graham, ministro de Economía, quien no tardó en enviar un oficio a Mario Contreras, presidente del Directorio, a fin de convocar a la Junta de Accionistas para tratar el tema.
Fue el día 16 de marzo por la noche que se realizó la Junta de Accionistas, al término, se emitió un comunicado asegurando que esta “respaldaba al Directorio y a la administración”, es decir, al cuestionado Chávez Arévalo.
Sin embargo, el pronunciamiento fue borrado a los pocos minutos, pues el MEF publicó un pronunciamiento un poco después descartando haber brindado ese respaldo.
En contraposición, el Minem emitió un comunicado dejando entrever una defensa a la gestión de Petroperú.
“Exhortamos a la Junta de Accionistas a velar por los intereses del país y dar nuestro respaldo, protección y defensa absoluta a Petroperú, por ser una empresa de todos los peruanos”, señalaron.
Además, solicitaron una Junta de Accionistas a fin de asegurar el respaldo del MEF al cuestionado Chávez Arévalo, sin embargo, este último no cedió.
FACTOR CERRÓN
Todo lo antes explicado generó una reunión de emergencia en Palacio de Gobierno con el presidente Pedro Castillo, la misma que se realizó el sábado.
El mandatario tuvo encuentros -por separado- con Óscar Graham (MEF) y con Carlos Palacios (Minem), este último ingresó con Hugo Chávez (Petroperú).
Cabe recordar que Palacios Pérez es cercano a Vladimir Cerrón y considerado como una de las cartas de Perú Libre (PL) en el gobierno.
Desde que llegó al cargo, la cartera se ha llenado de militantes del oficialismo.
Por lo que la decisión de Castillo Terrones de respaldar al titular del MEF antes que al Minem, podría interpretarse como una derrota para el exgobernador de Junín.
“Pareciera que el MEF y La Contraloría, juegan en pared contra Petroperú, cuyo fin sería quebrarla y privatizar la refinería de Talara, con lo que los combustibles subirían de precio y mantendrían los oligopolios”, esta fue la respuesta de Cerrón tras conocer de la dimisión de Chávez Arévalo.
Por otro lado, el contralor Nelson Shack, quien se reunió el sábado con el presidente Castillo, se refirió a la necesidad de un cambio en la gerencia de Petroperú. “Ha quedado absolutamente claro que no se puede continuar en esta situación de debilidad del gobierno corporativo de Petroperú”, dijo.
Además, adelantó que en abril se conocerán los informes sobre las investigaciones de diferentes casos relacionados a la empresa estatal.
CAÍDA
Los problemas de Petroperú se agravaron cuando la agencia Standard & Poor’s (S&P) rebajó la calificación a “basura” debido a la falta de transparencia financiera y al debilitamiento en la administración de la empresa estatal.
Ante ello, se especuló la posibilidad de que si no acreditaba en las siguientes fechas una auditoría sobre sus estados financieros, la deuda que tiene financiada por 4 mil 300 millones de dólares por 30 años iba a pagarse de forma inmediata.
Sin embargo, partiendo desde un análisis más profundo, César Gutiérrez, expresidente del directorio de Petroperú descartó esa probabilidad al indicar que la estatal puede conversar con los ‘bonistas’ para pedir un plazo de extensión.
“Ese estado de extensión es que ante eventualidades que no presenten estados financieros sobre todo en la fecha indicada que es 31 de mayo, tienes hasta cinco meses para presentarlo. Entonces, van a tener que negociar eso”, explicó.
No obstante, indicó que alineándose a las reglas de los mercados financieros, tendrá que pagar adicionalmente una penalidad de alrededor 9 millones de dólares solo por solicitar ese plazo.
Al ser consultado sobre cuándo podría pedir la extensión, contestó que en esta semana. Agregó que el plazo de extensión iniciaría el 31 de mayo y vencería el 31 de octubre.
De otro lado, dijo que en el momento hay un concurso que la Contraloría realizó para contratar auditores, el cual se cerrará el martes 22, pero que será declarara desierta porque “a estas alturas ningún auditor podrán contratar debido a que todos están ocupados hasta mediados de abril”.
Gutiérrez recordó que la estatal mantiene deudas con la agencia española CESCE (compañía de seguros de créditos) por 1 300 millones de dólares y con los bonistas de 3 mil millones, además, y otras por la Refinería de Talara.
Por su parte, el economista David Tuesta consideró que en una de las cláusulas con CESCE se señala que Petroperú tiene que cumplir con los criterios de gobierno corporativo, es decir, auditorías. Indicó que si tiene dos rebajas de calificación por debajo de grado de inversión tiene que pagar todo.
Tuesta recordó que la estatal ya tiene dos bajas. Una de parte de S&P y otra por la agencia Fitch Ratings.
Al respecto, opinó que será difícil que Petroperú pueda hablar con los bonistas y pida un plazo de extensión. “Ya sería una negociación por fuera. Los bonistas tienen derecho a denunciar/reclamar. Siempre puedes negociar, pero ya el daño está hecho”, manifestó.