La Procuraduría General del Estado (PGE) tiene como deber principal -entre otras funciones- promover y garantizar el ejercicio de la defensa y la representación jurídica del Estado para proteger sus intereses. Sin embargo, la crisis continua que atraviesa la institución por el cambio constante de sus titulares, no permite que la tarea se desarrolle de la mejor manera.
Precisamente, María Caruajulca Quispe fue restituida ayer como procuradora general del Estado.
Es decir que en los últimos cuatro años, tiempo desde que se instauró la PGE, la institución ha tenido seis rotaciones y cuatro titulares (ver infografía).
INICIOS
El 6 de enero de 2017 se publicó en El Peruano el Decreto Legislativo N° 1326 que reestructuraba el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y creaba la PGE.
El documento señalaba que la PGE sería un organismo público adscrito al Ministerio de Justicia (Minjus) que contaría con “autonomía funcional, técnica, económica y administrativa para el ejercicio de sus funciones”.
El cargo tiene una duración de cinco años, pero puede terminar antes por falta grave y comprobada.
Por ejemplo, obtener ventajas indebidas, cometer actos de acoso sexual, participar en transacciones económicas utilizando información privilegiada de la PGE, hacer proselitismo político, entre otros hechos.
La resolución fue firmada por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, el premier Fernando Zavala y la ministra de Justicia Marisol Pérez Tello. Sin embargo, la ley se hizo efectiva a fines de 2019 cuando se publicó un decreto supremo con el reglamento.
Por ese motivo, el 3 de febrero de 2020 la gestión de Martín Vizcarra nombró a su primer titular: Daniel Soria Luján.
El abogado fue removido dos años después cuando Pedro Castillo se encontraba en el poder, bajo el argumento de la “pérdida de confianza”.
Lo cierto es que Soria fue retirado del cargo dos meses después de presentar una denuncia ante la Fiscalía de la Nación en contra Castillo Terrones por el contrato que ganó el consorcio Puente Tarata II luego de una reunión entre el mandatario y la empresaria Karelim López.
En su reemplazo fue nombrada María Caruajulca, quien fue cuestionada por no hacerle ninguna pregunta al expresidente Castillo durante el interrogatorio por el caso Puente Tarata que se realizó el 17 de junio de 2022.
Fue retirada cuando un informe de Contraloría advirtió que fue designada en el cargo a pesar de no haber presentado una declaración jurada en la que debía informar si tenía o no procesos en su contra.
Castillo nombró un reemplazo muy pronto: Javier León Mancisidor.
El funcionario no duró mucho, pues renunció a los tres días en medio de los cuestionamientos por su cercanía a Fernando Zevallos, alias “Lunarejo”, un condenado por el delito de narcotráfico y lavado de activos. Además fue investigado por apropiación ilícita para delinquir, falsificación de documentos y fraude procesal a favor de Zevallos.
MÁS ROTACIONES
Si bien Soria Luján fue destituido por Castillo en febrero de 2022, este apeló a la justicia para volver al cargo y en octubre de ese año, el Poder Judicial (PJ) declaró fundado el recurso de amparo que presentó y ordenó que al Ejecutivo que lo restituya en el cargo.
Sin embargo, un año después se vería obligado a dejar sus funciones porque una comisión ad hoc del Minjus, emitió una medida cautelar para separarlo de manera temporal.
Esto debido a un procedimiento disciplinario porque un informe de Contraloría advirtió que no cumpliría los requisitos para el puesto.
La salida de Soria, en noviembre de 2023, coincidió en medio de su participación activa en la investigación contra la presidenta Dina Boluarte y el ahora expremier Alberto Otárola por el caso muertes en las protestas; así como también como un pedido de información que hizo la PGE al Ministerio de Economía sobre la asignación de 20 millones de soles al distrito de Nanchoc, cuyo alcalde Nixon Hoyos visitó a Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria.
Mientras Soria pasaba por un procedimiento disciplinario, el Gobierno de Dina Boluarte designó de forma interina a Javier Pacheco Palacios en diciembre de 2023.
Sin embargo, el 4 de mayo de este año asumió el cargo de procurador general del Estado de manera oficial, luego de que el Minjus decidiera destituir a Soria.
A pesar de ello, el puesto le duraría un poco más de una semana porque María Caruajulca, quien fue destituida en la gestión de Castillo, también apeló a la justicia.
El 13 de mayo, el PJ ordenó reponer a la abogada como titular de la PGE y le dio un plazo de tres días al Minjus para que cumpla la orden.
Fue así que en la última semana se desarrolló una breve disputa sobre si Pacheco o Caruajulca debería mantener el cargo en la PGE.
Incluso, el Minjus envió un oficio al PJ con el objetivo de que aclaren el escenario.
El miércoles, la situación se dilucidó cuando la Primera Sala Constitucional de la Corte Suprema declaró infundado el pedido del Gobierno y ordenó aplicar el fallo.
Un día después, Pacheco envió su carta de renuncia bajo el argumento de que quiere “mantener su prestigio y buen nombre como funcionario y servidor público”, además de “cortar el círculo vicioso”, esto en relación a los procuradores que han recurrido al PJ para ser repuestos.
Finalmente, María Caruajulca fue restituida ayer por la mañana mediante una resolución suprema publicada en El Peruano.
El documento lleva las rúbricas de la presidenta Boluarte y del ministro de Justicia Eduardo Arana.
ANÁLISIS
Para el penalista Fernando Silva, el cambio constante de un titular en la PGE afecta las funciones y toda la organización interna de la institución.
“La persona que asume como procurador general del Estado no solo debe saber de derecho y gestión porque va a estructurar toda la defensa del Estado, sino que debe desarrollar una política de orden y criterios para la defensa pública. Lamentablemente, en estos años los cambios que han ocurrido responde a la terrible forma que tiene el Estado de entender a la PGE”, indicó el experto.
En diálogo con Correo, recordó que la PGE es un órgano de defensa de las instituciones del Estado y son los abogados del Estado, más no del gobierno de turno.
“No son los abogados que pretenden defender, tapar o no denunciar las irregularidades que puedan cometer quienes trabajan para el Ejecutivo”, afirmó.
Desde su punto de vista la norma debería ser modificada para que la PGE tenga autonomía, es decir, que no esté adscrito a ningún ministerio.
Consideró que el procurador general del Estado debería ser elegido por el Congreso, por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) o alguna entidad autónoma, mediante un concurso público, donde se evalúen sus capacidades para ostentar el cargo y también su independencia política.
“No debería depender del Ejecutivo, sino que debe tener independencia funcional y ser completamente autónomos”, mencionó.
Agregó que el cargo debería durar por lo menos siete años y no cinco, para “trascender al gobierno por el que fue escogido”.
