Este martes 29, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe final sobre la denuncia constitucional contra Betssy Chávez, por supuestas contrataciones irregulares durante su paso por dos ministerios en el gobierno de Pedro Castillo.
Con 16 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, dicho grupo de trabajo decidió dar luz verde al informe de calificación, que recomienda acusar a Chávez por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, al igual que tráfico de influencias.
La sustentación del informe final estuvo a cargo del congresista Esdras Medina y se basó en la acusación constitucional que presentó la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra la exparlamentaria.
Actualmente, Betssy Chávez cumple prisión preventiva en el penal Anexo de Mujeres en Chorrillos, y habría promovido la contratación irregular de personas del núcleo familiar de quien fue su pareja sentimental, Abel Sotelo, mediante influencia y actos de presión.
De acuerdo con el informe de calificación aprobado en mayo de este año, Chávez tuvo interés indebido en promover estas contrataciones, como la de Antonio Sotelo Calderón, padre de su pareja, quien tuvo el cargo de Trabajo ante el Senati, en otros cargos en Sunafil y en el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri).
Asimismo, la exministra se habría aprovechado de su cargo como legisladora para contratar en su despacho parlamentario a Marco Antonio Sotelo Villa y Flor de María Sotelo Villa, hermanos Abel Sotelo.
Sobre Betssy Chávez pesa un pedido de 25 años de prisión de la fiscalía por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. Por ello, fue acusada por el delito de rebelión o alternativamente conspiración.
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