Este año, el Congreso de la República aprobó una ley que modifica el plazo de prescripción de los procesos penales y, en consecuencia, benefició a personajes como Joaquín Ramírez, exsecretario general de Fuerza Popular (FP), quien logró archivar un proceso judicial en su contra por fraude y al presidente del Parlamento, Alejandro Soto (APP), que pudo evadir un caso en el que estaba acusado por los delitos de estafa y falsedad genérica.
Si bien este último negó que haya impulsado la ley para librarse de una condena de ocho años, lo cierto es que la polémica norma fue aprobada en un tiempo récord y sin un debate apropiado.
De acuerdo con información revisada por Correo, la ley se gestó en tan solo 43 días en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso.
PROCESO
Esta es la historia de la polémica ley. El 13 de enero de este año, el congresista Flavio Cruz de Perú Libre (PL) presentó un texto denominado “ley que modifica el artículo 84° del título V del libro primero del Decreto Legislativo 635 del Código Penal”.
En concreto, la propuesta tenía como objetivo modificar el artículo 84 del Código Penal para establecer un plazo máximo de un año para la continuación de la suspensión de la prescripción de un delito.
El documento fue ingresado a mesa de partes con el respaldo de legisladores de diferentes bancadas.
El 17 de enero, la propuesta se encontraba en manos de la Comisión de Justicia, presidida en ese momento por Américo Gonza de PL.
El equipo técnico del grupo de trabajo envió oficios al Ministerio Público (MP), al Poder Judicial (PJ) y a la Defensoría del Pueblo para tener una opinión sobre la iniciativa. Los oficios se enviaron el 26 de enero.
Cabe precisar que el MP y el PJ respondieron a los oficios los días 28 de marzo y 14 de abril, respectivamente.
Ambas coincidieron en dar una respuesta “no favorable” a la propuesta legislativa.
Sin embargo, la Comisión de Justicia, sin tener las opiniones de las entidades expertas en el tema, decidió elaborar el dictamen.
Es así que el 1 de marzo, la comisión que sesionó tenía entre sus temas de agenda el debate y votación del texto.
“La norma debe contener un plazo para la suspensión de la prescripción, de lo contrario, ingresaríamos al terreno de la vulnerabilidad de las garantías constitucionales”, afirmó Gonza.
La postura del presidente de la Comisión de Justicia fue secundada por su colega de bancada, Waldemar Cerrón.
El perulibrista consideró que el proyecto tiene pro finalidad garantizar el debido proceso y plazo razonable. “Se pretende que la suspensión de la prescripción no se prolongue. Pido aprobarlo por un tema de justicia que el pueblo va a aprobar”, dijo.
EN CONTRA
Durante el breve debate de la polémica ley en la Comisión de Justicia, hubo dos congresista que se opusieron al proyecto.
Ruth Luque (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) fue una de las primeras en tomar la palabra para expresar su preocupación por el dictamen, incluso, advirtió de la celeridad con que se veía.
“Esta iniciativa ingresó el 13 de enero, no existen mayores opiniones y en un tiempo exprés se plantea la propuesta mezclando algunos conceptos”, dijo.
En la misma línea, mencionó que corresponde tener las opiniones del PJ y el MP para que lo que se apruebe no signifique un debilitamiento de casos: “Se está promoviendo la impunidad, esa es la sensación que se deja”.
Mientras que Gladys Echaíz (Renovación Popular) coincidió con su colega en que es necesaria la opinión de órganos especializados que trabajan a diario sobre el tema.
“Creo que merece más estudio para no beneficiar a los infractores de la ley penal. Hay que analizar el tema con detenimiento”, advirtió la también exfiscal de la Nación.
Pese a las observaciones de las dos parlamentarias, el presidente de Justicia sometió el texto final a votación, que recibió 11 votos a favor, dos en contra y una abstención.
Américo Gonza, Waldemar Cerrón y Flavio Cruz de Perú Libre; María del Carmen Alva y Wilson Soto de Acción Popular, Hernando Guerra García, Patricia Juárez y Martha Moyano de Fuerza Popular; Alex Paredes del Bloque Magisterial, José Balcázar de Perú Bicentenario y la desaforada Betssy Chávez que hoy cumple prisión preventiva por el golpe de Estado.
Votaron en contra Ruth Luque y Gladys Echaíz, mientras que Eduardo Salhuana de APP votó en abstención.
Es decir, que el dictamen se aprobó tan solo 43 días tras haber ingresado a la Comisión de Justicia.
El 24 de marzo, sesionó la Junta de Portavoces para ampliar la agenda e incluir el mencionado proyecto.
El documento fue firmado por los voceros de FP, PL, Acción Popular, Bloque Magisterial, Renovación Popular, Podemos, Perú Bicentenario, Somos Perú y APP, en este último firmó el representante Alejandro Soto.
Posteriormente, el dictamen se aprobó el 13 de abril en primera votación y el 11 de mayo en segunda.
En primera votación se aprobó con 76 votos a favor, 19 en contra y dos abstenciones. Mientras que en segunda votación recibió 87 votos a favor, 12 en contra y cinco abstenciones.
Durante el “debate” en el Pleno, el presidente de Justicia, Américo Gonza, sustentó el proyecto sin inconvenientes y tuvo el respaldo de Waldemar Cerrón sobre el texto.
Hubo un intento de parte de Ruth Luque para reconsiderar el proyecto. Sin embargo, no obtuvo el respaldo esperado en el Hemiciclo.
El 19 de mayo, la autógrafa fue enviada al Poder Ejecutivo y no tuvo observaciones.
El 24 de mayo, la presidenta Dina Boluarte promulgó la norma en el diario oficial El Peruano.
ANÁLISIS
Para el penalista Andy Carrión, la ley aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, beneficia a muchas personas, sobre todo, a aquellos que han cometido delitos leves.
“Lo que ha hecho el Congreso es beneficiarlos de todas maneras, así sean delitos leves”, sostuvo.
En diálogo con Correo, el abogado explicó que con la nueva ley ya no se regula el plazo de prescripción previsto en el Código Penal.
“Con esta ley dicen ´oigan, un momento, si es que uno investiga cuatro años y plazo para suspender serían seis máximo, puede suspenderse por un año más, es decir, serían siete años´. Y eso es lo que justamente se ha regulado, es por eso que ya muchos delitos están prescribiendo”, afirmó.
Sin embargo, el penalista precisó que cuando se trata de delitos mucho más graves como el lavado de activos que tiene al menos 15 años, es difícil que el delito prescriba.
“Solo prescribe en los delitos más leves. Beneficia a los delitos de cuatro años, seis años, hasta los que tienen una pena de ocho años”, indicó Carrión.
