Caducidad del contrato de Majes Siguas II y sus implicancias

La Concesionaria Angostura Siguas S.A. comunicó ayer al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) la caducidad del contrato de ejecución de Majes Siguas II. La carta de ocho páginas fue enviada a la gobernadora regional de Arequipa Kimmerlee Gutiérrez; al gerente ejecutivo de Autodema, Arturo Arrollo; al ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, y al ministro de Desarrollo Agrario y Riego ,Víctor Maita.

La concesionaria justificó la caducidad del contrato aduciendo que el GRA no subsanó diversos incumplimientos graves, como no haber suscrito la adenda 13 durante cuatro años, lo que generó la paralización del proyecto agroindustrial. La adenda consistía en modernizar el sistema de riego con tubos en lugar de canales y llevar el agua a la cabecera de la parcela. Demandaba una inversión de 104 millones de dólares que se recuperaría con la venta de tierras.

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El plazo dado por la concesionaria venció el 30 de diciembre de 2021. No obstante, los consejeros regionales no se reunieron para tomar la decisión. El día de la convocatoria, cuatro no asistieron. La empresa Cobra que constituye la concesionaria, señala que el GRA no cumplió con la entrega de predios en las zonas de Tarucamarca y Pusa Pusa, situados en la provincia de Caylloma.

Además, el incumplimiento de realizar el estudio medioambiental en la Presa de Condoroma y no podía ejecutar trabajos en una obra existente. También, el incumplimiento de otorgar la garantía soberana para respaldar los pagos anuales.

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Santiago Hernández Castaño, gerente general de Concesionaria Angostura Siguas, señala en la misiva que se han mantenido en la concesión por 11 años, lo que les generó un perjuicio económico de 220 millones de dólares , podrían actualizar el monto en futuras comunicaciones. No descartan iniciar acciones legales por daños y perjuicios.

El proyecto es una inversión pública-privada que consiste en incorporar 38 mil 500 hectáreas para producción agrícola. Además, iba a desarrollar un componente para generar energía eléctrica vía las hidroeléctricas Lluta y Llucta. Con Majes II se iban a generar 190 mil empleos directos y otros 290 mil indirectos. El economista Luis Calle Rodríguez, exdirector de Majes II, considera como chantaje la actuación de la concesionaria Angostura Siguas.

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“Considero como chantaje de la empresa Cobra el dar un plazo para resolver el contrato unilateralmente y ahora se va a un arbitraje internacional”, afirma. El especialista afirma que no se debe tener temor al arbitraje internacional porque existe una responsabilidad compartida por parte del Gobierno Regional y la concesionaria.

“La exgobernadora (Yamila Osorio) permitió el ingreso de la adenda 13, de acuerdo al contrato no estaba. Ella no firmó el documento, pero sí lo hizo el gerente de Autodema de aquel entonces. Luego, Elmer Cáceres Llica consideró la posibilidad de continuar con la adenda 13, entre ambos gobernadores firmaron 15 acuerdos donde varían condiciones y plazo para la ejecución del contrato, lo cual estaba mal”, señaló.

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Calle Rodríguez indicó que la concesionaria tenía que hacer el cierre financiero, eso suponía que tenía la garantía bancaria suficiente como para asegurar su participación en la ejecución de la obra.

“No se ha producido ello. El Gobierno Regional tampoco cumplió con entregar las tierras para la construcción de la empresa de Angostura, no hubo un saneamiento físico legal. Hace que haya una corresponsabilidad”, apuntó.

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En caso al arbitraje, el economista señala que se va superar el impase que tomará su tiempo, mientras tanto se debe impulsar en el Congreso de la República una ley donde se indique el arbitraje no paralice la continuidad de la ejecución de un proyecto. “Esa es mi propuesta”, apuntó.

Luis Calle afirmó que el Estado entregó para el proyecto 134 millones de dólares que no se refleja en la ejecución del mismo durante el periodo de 11 años. “¿En qué se invirtió ese dinero?”, preguntó.

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No obstante, propuso hacer una alianza público – privada para llevar a cabo el proyecto, esta vez con la participación de una empresa extranjera (Suecia) en la parte de arriba y la administración directa del GRA en la zona de abajo. Contrariamente, el consejero Elmer Pinto Cáceres informó que resolver el contrato beneficia a Arequipa porque recupera un proyecto importante, que formulándose podría traer desarrollo.

“El modelo, así como está planteado que se resuelva el contrato. El Gobierno Regional debió tomar la iniciativa antes que la empresa Cobra. La empresa nos ha engañado, Pro Inversión nos metió a un escenario donde se sabía que no iba a dar resultado. ¿Cómo voy a ceder mi terreno, mi agua para que lo administre una empresa extranjera y se beneficien 10 empresas trasnacionales?”, señaló.

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El consejero espera que cada uno reconozca que han tenido falencias y se resuelva el contrato sin que las partes se perjudiquen. “Si hay voluntad se soluciona en un año, si la empresa quiere abusar de las falencias de un gobierno burocrático va a tener muchos años. Mientras tanto, podemos desarrollar otros proyectos como Iruro, Antacocha, Quebrada Honda”, apuntó.

Pinto Cáceres sugiere que el proyecto regrese a la administración del Gobierno Regional de Arequipa y se reformule un verdadero modelo que de desarrollo en la región de Arequipa. “Como el modelo de San Isidro, Santa Rita, La Joya, La Cano, irrigaciones de cinco hectáreas, que es el sostén de la clase media”, señaló.

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El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA), Luis Caballero Vernal, refirió que existe gran preocupación en el sector empresarial por la situación del megaproyecto regional dado que crea gran incertidumbre respecto al futuro económico de Arequipa.

Caballero analizó que solo en la etapa de producción, Majes Siguas II representaría el 13.9% del Producto Bruto Interno de Arequipa (PBI) y el 0.7% del PBI nacional. La conclusión del contrato representa una pérdida de 140 mil empleos directos en la región. Para el presidente de la CCIA se está en cuenta regresiva de término del compromiso, pero no todo está perdido.

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“Lo que nos dice el documento de inicio de la caducidad del contrato de concesión de Majes Siguas II es que está en proceso. Ahora irán a un ente internacional para este procedimiento y durará su tiempo. Durante este lapso se puede llegar a un acuerdo con la empresa, pero eso le compete a la gobernadora regional”, explicó.

Para Caballero, el Gobierno central debe asesorar al Gobierno Regional de Arequipa más no asumir competencias. Una opinión distinta a la emitida por el alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia Aguilar. La autoridad consideró que el Ejecutivo debe mediar para que se reconsidere el término del contrato.

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“La solución es que la presidenta del Congreso o el propio presidente de la República, Pedro Castillo, convoque a una reunión con Cobra para ver puntos de encuentro. Se pueden llega a un arbitraje o una conciliación”, refirió. El burgomaestre sostuvo que juega un rol importante la predisposición de la empresa para llegar a un acuerdo y “no aprovechar un contrato para sacar el beneficio máximo”.

Las empresas también tiene un rol y un compromiso social que es muy importante. Por su parte, el prefecto de Arequipa, Nolberto Martín Delgado Pino, cuestionó a los diferentes gobernadores regionales y funcionarios por la demora en el destrabe del proyecto. “Son once años con el mismo problema. Creo que es una negligencia permitir que la firma de tantas adendas por el proyecto. Esto nos muestra que hay una diversidad de actos negligentes. Si se hubiese elaborado un buen contrato no se tendría la necesidad de tantas adendas”, criticó.

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Delgado opinó que se debe iniciar una investigación para determinar si existen responsabilidades sobre las autoridades. “Ellos deben ser investigados exhaustivamente hay tantas preguntas que deben responder ¿por qué se tuvo que dar tantas adendas? ¿por qué hubieron modificaciones?”, dijo.