decidió dar por terminado el trato directo con la empresa agroindustrial en el marco de la negociación colectiva 2025–2026 y trasladar el proceso a la etapa de conciliación ante la Dirección Regional de Trabajo de Ica, sin descartar una eventual huelga

Posición del sindicato

La empresa, ubicada en el distrito de Santiago, mantiene operaciones agrícolas que en temporada alta llegan a emplear hasta 500 trabajadores. Sin embargo, según el sindicato, las condiciones laborales y el desarrollo del proceso de negociación colectiva han generado un clima de malestar creciente entre la masa trabajadora.

El secretario general del sindicato, William Hernández Huamán, explicó que el pliego de reclamos fue presentado en noviembre de 2025 y que, pese a ello, la empresa habría demorado el inicio del trato directo y postergado reiteradamente las reuniones. “Desde el comienzo hemos encontrado trabas. Se cambiaban horarios a última hora y se dilataban las reuniones sin una explicación clara”, declaró.

Hernández señaló que uno de los principales puntos de quiebre fue la negativa de la empresa a entregar una contrapropuesta formal al convenio colectivo. “Una negociación requiere documentos claros. No se puede pretender que analicemos 33 puntos solo de manera verbal o proyectándolos en una pantalla. Eso demuestra falta de seriedad”, afirmó el dirigente sindical.

Entre las demandas del sindicato se encuentran mejoras salariales, un trato digno al personal y mejores condiciones de trabajo en el campo. En ese contexto, los trabajadores también cuestionaron aspectos logísticos básicos como la alimentación y el transporte. “El almuerzo muchas veces llega tarde, cuando los trabajadores ya han terminado gran parte de la jornada. Además, los buses que trasladan al personal no siempre están en condiciones adecuadas”, sostuvo Hernández.

El malestar también alcanza al ámbito de la salud ocupacional. De acuerdo con los trabajadores, existen problemas en la atención médica interna y en el reconocimiento de descansos médicos externos. “Cuando un trabajador va a EsSalud y presenta su constancia, en algunos casos la empresa no la valida y termina descontándole el día. Por necesidad económica, muchos prefieren seguir trabajando aún estando enfermos”, relató una trabajadora sindicalizada.

El asesor legal del sindicato, Orlando Andía Vásquez, cuestionó el manejo del proceso de negociación por parte de la empresa y recordó que la ley faculta a los sindicatos a dar por terminado el trato directo cuando no existe voluntad de diálogo. “La empresa tenía plazos claros para iniciar la negociación y presentar una contrapropuesta. Eso no ocurrió de manera adecuada, lo que nos obliga a pasar a la etapa de conciliación”, explicó.

Andía anunció además que solicitarán al Ministerio de Trabajo una auditoría de los estados financieros de Agrícola Chapi. “La agroindustria es uno de los pilares económicos de la región Ica. Resulta poco creíble que una empresa de este rubro no tenga capacidad económica para atender demandas básicas de sus trabajadores”, sostuvo.

El abogado también advirtió sobre presuntas deficiencias en el traslado del personal, señalando que algunas unidades de transporte no cumplirían con las condiciones mínimas de seguridad, al ser operadas por empresas tercerizadas.

De acuerdo con información del sindicato, Agrícola Chapi cuenta con 302 trabajadores afiliados. Frente a este escenario, los dirigentes sindicales no descartan medidas de fuerza. “Si continúa la hostilización y no hay voluntad real de negociación, evaluaremos una posible huelga”, advirtió Hernández.

Cabe señalar que ayer (29 de enero de 2026), el sindicato presentó un documento formal ante la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ica solicitando la convocatoria a una audiencia de conciliación administrativa, dando por concluido el trato directo con la empresa. En dicho documento, los trabajadores señalan que la última propuesta empresarial habría incluido la eliminación del almuerzo a cambio de una salida anticipada, planteamiento que fue rechazado por el sindicato.

La próxima etapa del proceso dependerá de la intervención de la autoridad laboral. De no alcanzarse acuerdos en la conciliación, el conflicto podría escalar hacia una huelga o un laudo arbitral, en un contexto en el que los trabajadores exigen que se respeten sus derechos laborales y se garantice un trato justo en una de las principales actividades económicas de la región.

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