Los 17 consejeros regionales de La Libertad ahora tienen facultades para interpelar y censurar a gerentes y funcionarios de confianza del Gobierno Regional (GORE) La Libertad. Esto, a raíz de que el pasado 29 de abril de 2026 se promulgó en el Diario Oficial El Peruano la Ordenanza Regional Nº 013-2020-GRLL-CR.
Según el abogado y exconsejero regional por Ascope Greco Quiroz Díaz, la actual gobernadora de La Libertad, Joana Cabrera Pimentel, se vio obligada a realizar las gestiones para promulgar esta norma, toda vez que la Tercera Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad se lo ordenaba.
BATALLA LEGAL
Quiroz recordó que para lograr esta modificación en el Reglamento Interno del Consejo Regional, a fin de darle mecanismos de control político efectivos a los consejeros, se tuvo que emprender una batalla legal en el fuero judicial. Primero, el otrora gobernador Manuel Llempén Coronel no tramitó la promulgación de la referida ordenanza.
Y cuando asumió funciones el exgobernador César Acuña Peralta, este tampoco quiso firmar la Ordenanza Regional Nº 013-2020-GRLL-CR, argumentando que este mecanismo de control político generaría inestabilidad y que era inconstitucional.
El Consejo Regional llevó el caso al Poder Judicial y, en última instancia, la Tercera Sala Especializada en lo Civil falló a favor de los consejeros.
“El Consejo Regional muchas veces estaba pintado en la labor de fiscalización. No tenía por mandato de ley una figura política que les permita interpelar a los gerentes del Gobierno Regional de La Libertad y censurarlos para que luego se vayan a su casa por ineptos, corruptos o sinvergüenzas; pero ahora hay un nuevo reglamento para cumplir con ello. Después de seis años hemos logrado que se publique la ordenanza en el Diario Oficial El Peruano. Estoy orgulloso de haber ganado este juicio”, manifestó la exautoridad.
CAUSALES
Robert De La Cruz Rosas, consejero regional por Trujillo, resaltó la importancia de contar con esta herramienta legal para fiscalizar y explicó que el reglamento de la norma precisa que un gerente puede ser censurado por el incumplimiento de sus funciones y obligaciones, verse involucrado en actos contrarios al desarrollo de la administración pública y tener denuncias por terceros debidamente sustentadas.
“Ahora, si alcanzamos la mayoría de votos para una censura a un gerente, tenemos 24 horas para notificar a la gobernadora Joana Cabrera sobre la decisión del Consejo y en 48 horas ella está en la obligación de retirarle la confianza al funcionario”, enfatizó.
El consejero lamentó que se haya tardado seis años en promulgar esta ordenanza. Sin embargo, aseguró que los actuales consejeros aún tienen tiempo para hacer cumplir la norma. “No descartamos colocar a algún funcionario en esta situación”, acotó.
Correo trató de obtener la versión del gerente general del GORE La Libertad, Rogger Ruiz, pero no respondió las llamadas que le hicimos.
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