La Defensoría del Pueblo advirtió sobre las graves condiciones de infraestructura del Centro de Salud Malingas, establecimiento de categoría I-3 ubicado en el distrito de Tambogrande, que brinda atención a más de 12,000 habitantes procedentes de 17 centros poblados.
De acuerdo con la evaluación realizada por Defensa Civil, la infraestructura presenta un nivel de riesgo “muy alto”; señalando que, entre las deficiencias identificadas se encuentran grietas y fisuras en paredes y techos, elementos de madera afectados por deterioro, así como presencia de humedad y moho, condiciones que requieren una intervención oportuna para reducir los riesgos a los que se encuentran expuestos usuarios y trabajadores del establecimiento.
VER MÁS: La municipalidad de Piura y el Ministerio de Trabajo buscan mitigar los efectos del Fenómeno El NiñoSe verificó que el deterioro alcanza diversos ambientes donde se brindan prestaciones esenciales. Entre ellos se encuentran emergencia, obstetricia, farmacia, laboratorio, consultorios médicos y la Unidad de Febriles destinada, entre otros fines, a la atención de pacientes con sospecha o diagnóstico de dengue.
En estos ambientes se observaron rajaduras en paredes y pisos, además de filtraciones de agua y otros signos de deterioro que pueden afectar las condiciones de seguridad necesarias para la prestación de los servicios de salud.
LE PUEDE INTERESAR: Piura: El Fenómeno El Niño amenaza al agro y la pescaPara la Defensoría del Pueblo, esta situación resulta especialmente preocupante debido a que el establecimiento constituye un punto de atención para una población amplia y dispersa del distrito de Tambogrande. Las deficiencias de infraestructura no solo representan un riesgo para la integridad de pacientes y trabajadores, sino que pueden comprometer la continuidad, seguridad y calidad de las prestaciones de salud.
Mientras se adopta una solución definitiva, la Defensoría del Pueblo considera indispensable implementar medidas preventivas y de contingencia, entre ellas evaluar técnicamente la posibilidad de reubicar temporalmente determinados servicios en ambientes seguros, restringir el uso de espacios que representen riesgo y adoptar las acciones necesarias para que estas medidas no generen interrupciones en la atención de la población.
La Defensoría del Pueblo recuerda que garantizar el derecho a la salud implica que la población pueda acceder a servicios disponibles, oportunos, seguros y de calidad, lo que comprende también disponer de infraestructura sanitaria que no exponga a riesgos evitables a pacientes, familiares ni trabajadores.
