El Gobierno chileno anunció este miércoles que permitirá salir del país a los ciudadanos venezolanos que tengan pasaportes vencidos, una medida tomada tras el cierre de la Embajada de Venezuela en Chile ordenado por el Gobierno de Nicolás Maduro.
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“Hemos autorizado la posibilidad de salir del país con el pasaporte vencido o el documento de viaje vencido. Esto independientemente de la situación migratoria en que se encuentre la persona”, dijo el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer.
El Gobierno de Venezuela exigió este lunes a Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay el retiro “inmediato” de sus delegaciones diplomáticas en rechazo a sus “injerencistas acciones y declaraciones” sobre las presidenciales del domingo y decidió también sacar a todo su personal diplomático en estos siete países latinoamericanos.
El presidente chileno, Gabriel Boric, dijo la expulsión del personal diplomático “demuestra una intolerancia impropia de las democracias” y deja en el “abandono” a los más de 700.000 venezolanos que actualmente viven en Chile.
Cientos de venezolanos llevan desde el lunes acercándose al edificio diplomático, ubicado en el capitalino barrio de Providencia, para obtener información sobre sus trámites, pero la embajada está vacía y el personal diplomático abandonará Chile “en las próximas horas”, según confirmó el martes el Gobierno chileno.
Preocupación ante nueva ola de migrantes
En otro punto de prensa, la ministra del interior chilena Carolina Tohá, reconoció este miércoles que existe preocupación por una posible nueva ola de migrantes venezolanos que puedan legar al país en los próximos meses: “Tenemos que prepararnos”, alertó.
Boric, fue uno de los primeros líderes internacionales en exigir transparencia en el conteo de votos y en cuestionar los resultados otorgados la noche del domingo por el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano, que declaró ganador a Nicolás Maduro, con el 51,2 % de los votos y el 80 % de la actas escrutadas.
Su principal opositor, el exdiplomático Edmundo González Urrutia, obtuvo el 44,2 % de los sufragios, de acuerdo con el primer y único reporte público del CNE, que no precisó a qué candidatos han ido a parar los 2.394.268 votos de los que no se informó.
La oposición denunció irregularidades en el conteo y exigió la publicación de todas las actas, al igual que la gran mayoría de los líderes de la región, incluido los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Colombia, Gustavo Petro.
Incluso el Centro Carter, que participó como observador en las elecciones, manifestó el martes que el proceso “no se adecuó” a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, por lo que “no puede ser considerada como democrático”.
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