La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó enérgicamente el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, cuestionando la proclamación apresurada de Nicolás Maduro como presidente por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).
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“La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos rechaza rotundamente el fallo emitido por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, en que ‘certifica’ el material electoral supuestamente peritado y ‘convalida categóricamente’ los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), con base en los cuales declaró ganador a Nicolás Maduro en la Elección Presidencial del 28 de julio de 2024″, se lee en el pronunciamiento.
La Secretaría General reitera que el CNE proclamó a Nicolás Maduro de manera apresurada, con base a un boletín parcial emitido de manera oral, cuyos números evidencian imposibilidad matemática y sin presentar los resultados desagregados que, conforme a la ley, deben detallarse mesa por mesa.
A la fecha, el CNE no ha publicado los resultados desglosados, contrastando con la oposición, que ha presentado actas oficiales emitidas por las propias máquinas de votación del día de la elección.
El comportamiento del TSJ y del CNE ha sido caracterizado por la OEA como opaco y propenso a la promoción de teorías de conspiración, además de emitir declaraciones sin respaldo documental y evitar el escrutinio ciudadano.
La misión de determinación de hechos de la OEA en Venezuela concluye que estas instituciones carecen de imparcialidad e independencia, actuando como parte de la maquinaria represiva del Estado.
Diversos organismos internacionales también han señalado la politización y parcialidad de estas instancias, lo que ha generado una pérdida de confianza en el proceso electoral venezolano.
De acuerdo a la OEA, Nicolás Maduro busca legitimidad en un tribunal parcializado, resultando en un proceso electoral judicializado.
La OEA señala que el único camino para Venezuela es la justicia internacional, a través de la Corte Penal Internacional (CPI), y se compromete a seguir trabajando para poner fin a la impunidad y garantizar justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos en el país.
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