Durante una conferencia de prensa, la Contraloría General informó que realizó 327 servicios de control, entre los meses de enero a abril de este año, para cautelar los recursos públicos en la región Piura, sobre todo durante la atención de la emergencia por las fuertes lluvias, pero las entidades públicas no adoptaron acciones para corregir el 60% de alertas emitidas por la Contraloría.
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Contraloría
La gerente regional de Control de Piura, Mariela Huerta, precisó que, durante los primeros cuatro meses de 2023, de los servicios de control realizados en la región, 253 corresponden al control simultáneo y 74 al control posterior.
Durante los servicios simultáneos, la funcionaria sostuvo que se identificaron 401 situaciones adversas o riesgos que fueron alertados a los gestores públicos para que adopten las medidas correctivas que correspondan, pero de ello, 51 (13%) situaciones adversas no han sido corregidas por parte de las entidades públicas y en 242 (60%) no se adoptaron acciones para corregirlas. Solo 108 (27%) situaciones adversas fueron resueltas o están en proceso de hacerlo.
Entre los principales informes emitidos destacan el Control Concurrente N° 314-2023-CG/GRPI-SCC al Gobierno Regional de Piura para advertir de interferencias en el cauce del río Piura y deficiencias técnicas en la ejecución del saldo de obra de las defensas ribereñas, entre el puente Cáceres y el futuro puente Integración.
“Tenemos que evaluar las acciones que adoptó en su momento la entidad o no las adaptó respecto a las situaciones adversas dadas. Una vez que tengamos la información vamos a seguir evaluando y vamos a determinar qué servicio de control, a lo mejor necesitemos hacer un tipo de estudios, no sabemos, estamos recabando información. Actualmente, la Fiscalía nos ha pedido información, es posible que ellos tomen algún tipo de acción frente a estas fallas (defensas ribereñas”, dijo la funcionaria.
Agregó que en esta investigación o evaluación que hacen como Contraloría por el colapso de la losas de concreto en el tramo I, no está incluido el exgobernador regional (Servando García), por lo que señaló que, “en el tema judicial, Ministerio Público, mayormente nosotros emitimos los informes y ya el Ministerio Público podría adicionar algún tipo de funcionarios”, indicó.
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Perjuicio
De otro lado, Huerta dio a conocer que Informe de Control Especifico N° 010-2023-2-0454-SCE se identificó un presunto perjuicio económico de S/ 1´088,557 y presunta responsabilidad civil de dos funcionarios de la Municipalidad Distrital de Las Lomas por reconocimiento y pago de beneficios a servidores.
Según el informe, el jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto Ricardo Serrano y la Asesora Legal Evelin Rivera recomendaron la aprobación del reconocimiento de tales beneficios lo que originó el perjuicio económico a la municipalidad distrital.
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