El juez supremo del decide el pedido fiscal 18 meses de prisión preventiva contra la suspendida congresista y expresidenta del Consejo de Ministros, , acusada de ser coautora del golpe de Estado que hizo .

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El pedido del Ministerio Público también recae sobre el exministro Interior, Willy Huerta, así como el congresista y extitular de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, también acusados de estar involucrados en no respetar la democracia en el país.

La Fiscalía ha alegado que la ha participado en el golpe de Castillo, ya que -el pasado 7 de diciembre- llegó en horas de la mañana a Palacio de Gobierno y fue quien coordinó el mensaje que dio el exmandatario con el equipo de prensa del canal del Estado.

Además, considera que existe un peligro de fuga y que no tiene arraigo laboral tras ser suspendida del Parlamento. Por ello, la fiscal adjunta suprema provisional Galinka Meza Salas proyecta una posible condena de más de 20 años de prisión.

Los delitos que se le imputan a Huerta y Sánchez son de rebelión y conspiración en perjuicio del Estado. El jueves pasado la representante del Ministerio Público y los abogados de los investigados dieron sus argumentos.

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