La Procuraduría Anticorrupción solicitó que la empresaria Sada Goray, el periodista Mauricio Fernandini y otros imputados paguen 52 millones de soles como reparación civil a favor del Estado, por los presuntos delitos de colusión agravada y organización criminal, a raíz del caso Fondo Mivivienda.
Como se sabe, este caso se destapó durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo.
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Además, se demandó que Fernandini pague 500 mil 000 soles como reparación por el presunto delito de lavado de activos.
La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción es actor civil dentro de la investigación. La indagación preparatoria fue aceptada el pasado 25 de octubre por el juez Raúl Justiniano. Esto pese a la oposición presentada por abogados de los imputados.
Con esta decisión, la Procuraduría puede solicitar y acceder al pago de eventual reparación civil a favor del Estado peruano, en caso los investigados sean hallados culpables de los delitos imputados por la Fiscalía.
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Caso Fondo Mivivienda
Sada Goray es la empresaria a quien se le atribuye haber pagado 5.4 millones de soles en sobornos durante el Gobierno de Pedro Castillo.
Sin embargo, la trama de corrupción de la dueña de la inmobiliariaMarka Group, empresa que se benefició en el Fondo Mivivienda (FMV), entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, tiene a servidores públicos que deberán responder frente a las autoridades judiciales.
Y es de acuerdo con un informe de la Contraloría al que accedió Correo, al menos 26 funcionarios del FMV tendrían responsabilidad penal al estar comprendidos en los hechos que terminaron beneficiando a Marka Group.
Convenios y más en el fondo Mivivienda
El 3 de febrero de 2021, Sada Goray le comunicó al FMV la intención de su empresa inmobiliaria Marka Group de suscribir un convenio para otorgar créditos hipotecarios para la adquisición de Viviendas de Interés Social (VIS).
En los siguientes meses, su compañía intercambió una serie de correos electrónicos con la entidad.
José Forero Monroe (Gerente Comercial), Paulo Morán Villanueva (Jefe del Departamento de Administración de Canales y atención al Cliente), Hernando David Carpio Montoya (Gerente de Proyectos Inmobiliarios y Sociales) e Iván Nino Huertas Gastiaburú (Gerente de Riesgos y miembro del Comité de Riesgos) fueron los que recibieron la documentación que envió Goray.
Sin embargo, ninguno de ellos hizo alguna observación relacionada a los formularios que envió la empresaria.
Se advierte que se intercambió documentación por correo electrónico, hecho que contraviene a las normas.
A los nombres antes mencionados se suman Linda Ávila (Gerente Legal) y María Teresa Rivas (Asesora de Gerencia Comercial), funcionarias que accedieron a las comunicaciones y tuvieron conocimiento de la información remitida por Marka Group. Incluso, opinaron sobre el cumplimiento de los requisitos.
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Posteriormente, el 18 de agosto de 2021, sesionó de manera virtual el Comité de Riesgos del FMV conformada por la presidenta Greta Pedal, así como los miembros José Olivares, Bruno Novella e Iván Huertas. En calidad de participante estuvo presente Sandro Cáceres, jefe del Departamento de Riesgo de Crédito y Seguimiento de Cartera.
En la sesión, Paulo Morán expuso que Marka Group presentó la solicitud de suscripción para otorgar préstamos y que cumplió los requisitos. Sin embargo, la Contraloría dio cuenta de que la compañía de Goray no presentó los estados financieros auditados de los dos últimos ejercicios anuales, la clasificación de riesgos externa vigente y la declaración jurada sobre el origen de los fondos que se destinarán para el otorgamiento de préstamos con garantía hipotecaria.
“Finalmente, el 15 de setiembre de 2021, se aprobó la suscripción del convenio sin haber presentado todos los documentos solicitados conforme a la normativa aplicable”, reza el informe.
La Contraloría advierte que los funcionarios que firmaron y visaron el convenio, permitieron que se supriman aspectos importantes y de cumplimiento.
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