La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción quedó habilitada para solicitar y acceder a una eventual reparación civil a favor del Estado peruano en el proceso seguido contra César de la Cruz y Edson Flores, exasesores de la congresista María Agüero. Ambos son investigados por la presunta recolección ilícita e un porcentaje de los salarios de trabajadores del despacho parlamentario de la legisladora entre junio de 2022 y mayo de 2023, hechos por los que podrían ser condenados si se acredita su responsabilidad.
Esta decisión fue posible luego de que el juez Abel Centeno declarara fundado el pedido presentado por la defensa legal del Estado para constituirse como actor civil dentro de la investigación preparatoria que afrontan ambos exasesores por este caso.
Según una resolución emitida el pasado 10 de junio, a la que tuvo acceso RPP, el juez Abel Centeno concluyó que el pedido de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para constituirse como actor civil cumple con los requisitos formales previstos en el artículo 100 del Código Procesal Penal. El magistrado también tomó en cuenta que ninguna de las partes procesales formuló oposición a la solicitud dentro del plazo establecido por ley, por lo que dispuso su admisión.
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Como parte de su solicitud para constituirse en actor civil, la defensa legal del Estado planteó de manera preliminar que César de la Cruz y Edson Flores asuman el pago de una reparación civil no menor de S/662 mil en favor del Estado peruano, en caso se determine su responsabilidad en este proceso penal.
Actualmente, César de la Cruz permanece en España, donde afronta un proceso de extradición activa solicitado por las autoridades peruanas en el marco de este caso. En tanto, Edson Flores continúa sometido a la investigación preparatoria bajo mandato de comparecencia, medida que le permite afrontar el proceso en libertad y sujeto a determinadas restricciones.
De acuerdo con la tesis fiscal, César de la Cruz y Edson Flores habrían cumplido el rol de presuntos recolectores y primeros receptores del dinero que, supuestamente, fue recortado de los salarios de 12 trabajadores del despacho de la congresista de Perú Libre, María Agüero.
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Como parte de un operativo ejecutado a inicios de noviembre de 2024, las autoridades también allanaron la vivienda y las oficinas de Agüero. a legisladora es investigada por la Fiscalía de la Nación por la presunta comisión de los delitos de concusión y enriquecimiento ilícito.
La Fiscalía sostiene que, en el ejercicio de sus funciones parlamentarias, María Agüero “habría abusado de su cargo para inducir y/o obligar a los trabajadores de su despacho a entregar diversas sumas de dinero provenientes de un porcentaje de sus haberes mensuales”, entre junio del 2022 y mayo del 2023.
