De cara a las elecciones generales 2026, una revisión a las hojas de vida de los candidatos de Somos Perú evidenció que muchos arrastran sentencias firmes por hurto agravado, falsedad ideológica, apropiación ilícita e incluso investigaciones por corrupción, según el dominical de Cuarto Poder.
En la lista aparece Gustavo Espinoza, excongresista y actual consejero en Lambayeque. El candidato registra dos condenas en su hoja de vida; una por encubrimiento y otra por el ingreso de aguas servidas a un campo de cultivo.
También se ve a Wilman Ponce Velasquez. El candidato registra dos condenas, las cuales fueron escritas al final del formulario como información adicional. Refiere que en el 2020 fue sentenciado a dos años por el delito de uso de documento privado falso en agravio del Ministerio Público. La sentencia fue apelada y finalmente prescribió.
Sin embargo, no quedó ahí, pues en el 2024 fue condenado a 4 años de pena por hurto agravado en agravio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El candidato apeló la sentencia y en enero de 2025 fue absuelto.
A estos aspirantes, también figura Yimi Granda, candidato a diputado. Tiene dos sentencias firmes; en el 2009 fue condenado por una querella en su contra, en 1997 fue procesado por el delito de comercialización de tráfico de productos y años más tarde se declaró extinguida la acción penal por prescripción.
Otro personaje cuestionado es Daniel Principe Collazos, empresario que busca llegar al Senado. Según su hoja de vida, registra una deuda por no cumplir con sus hijos, una sentencia por omisión a la asistencia familiar. Por si fuera poco, cuando el alcalde Nedil Medina, sindicado como “operador” de Pedro Castillo, lo movilizaba Daniel Principe.
Sumado a ello, el auto que consignó en su hoja de vida arrastra tres infracciones de tránsito impagas.
A la lista se suma Daniel Salaverry, excongresista que arrastra cuestionamientos. Fue acusado de engañar a sus propios votantes, además de enfrentar una investigación fiscal por haber aceptado el cargo de directorio de Petroperú durante el gobierno de Pedro Castillo, pese a no cumplir con los requisitos necesarios.
Asimismo, Héctor Valer mantiene un rosario de denuncias en su contra. Registra denuncias policiales por violencia familiar. En 2022 fue detenido al presentar una requisitoria por el delito contra los recursos naturales y medioambiente, pero fue liberado. Además, registra dos empresas que tienen deudas con la SUNAT por más de 11 mil soles.
Elizabeth Medina, otra parlamentaria que no quiere dejar el cargo. El Ministerio Público la investiga por presuntos hechos de corrupción, relacionados con supuesta entrega de coimas en la Municipalidad de Huánuco.
Ana Zegarra Saboya, congresista que en el 2014 fue condenada por falsedad ideológica, en 2015 volvió a ser sentenciada por falsificación de documentos, y en junio de 2025 la volvieron a condenar por falsa declaración en proceso administrativo. También se suma una denuncia por haber solicitado dinero a una empresaria en Cajamarca.
José Urquizo, candidato al Senado, es considerado por la Fiscalía como intermediario clave de Nicanor Boluarte.
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