La reciente aprobación de una pensión vitalicia para el expresidente Alberto Fujimori viene generando controversias, pues se realizó en un tiempo récord y presuntamente a manos de funcionarios vinculados al partido de Alianza para el Progreso (APP), que dirige César Acuña.
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El programa “Cuarto Poder” reveló que la solicitud para otorgar la pensión, que asciende a 15,600 soles mensuales, fue aprobada en solo 11 días. El proceso se concluyó con la firma del documento que notificó a Fujimori la aprobación de su pedido.
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, dijo que que él mismo se enteró de la decisión recientemente, a pesar de que es el titular de ese poder del Estado.
El proceso es cuestionable debido a la participación en ello de funcionarios que presuntamente estarían vinculados al secretario general de Alianza Para el Progreso, Luis Valdez. Haidy Janett Figueroa Valdez, jefa del Departamento de Recursos Humanos del Congreso y miembro de dicho partido, firmó el documento final que aprobó la pensión. Aunque Figueroa Valdez negó su afiliación política en su declaración jurada más reciente, documentos del Jurado Nacional de Elecciones confirman su militancia en Alianza para el Progreso desde 2014.
A esto se suma que el abogado que sustentó legalmente la solicitud de Alberto Fujimori, José Rubio Preciado, trabajó en el Congreso solo tres meses y fue cesado poco después de emitir el informe legal favorable. Rubio Preciado también había tenido vínculos previos con el Gobierno Regional de La Libertad y César Acuña.
El abogado penalista Andy Carrión ha cuestionado la interpretación legal utilizada para conceder la pensión, argumentando que el indulto a Fujimori solo extiende la pena, sin eliminar la sentencia.
Sin embargo, Alberto Fujimori recibe no solo la pensión, sino también beneficios adicionales como seguro de salud, un vehículo oficial y agentes de seguridad.
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