Sin embargo, el Frente de Trabajadores Agrícolas de Ica anunció que hoy comenzarán un paro agrario nacional, al considerar que todavía no hay consenso con el Gobierno. (Foto: EFE / Iván Orbegoso)
Sin embargo, el Frente de Trabajadores Agrícolas de Ica anunció que hoy comenzarán un paro agrario nacional, al considerar que todavía no hay consenso con el Gobierno. (Foto: EFE / Iván Orbegoso)

El instalará hoy una en para buscar un punto final a las de los , desencadenadas por la nueva que aprobó el Congreso el último 29 de diciembre.

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El anuncio lo hizo , presidenta del , quien adelantó que enviará a la misma delegación de ministros que fue a Trujillo () para instaurar las conversaciones y consensuar con los manifestantes.

Diálogos. Bermúdez detalló que las coordinaciones para la mesa de diálogo las desarrolla su despacho con el gobernador regional de Ica, Javier Gallegos Barrientos.

“En este momento, una preocupación es la norma. Haremos un reglamento en conjunto (con los trabajadores) para identificar aspectos que deben revisarse. Está en nuestras manos elaborar el reglamento”, declaró en entrevista con RPP.

En paralelo, el Frente de Trabajadores Agrícolas de Ica (Fentagri) convocó para hoy, mediante sus redes sociales, a un paro agrario nacional. Ellos consideraron que todavía no hay consenso entre el Gobierno y los trabajadores de la agroindustria.

Por su parte, en La Libertad los dirigentes regionales del sector agrario se reunieron para elegir a un representante, tal y como lo pidió Ejecutivo el último sábado para trabajar en conjunto en la reglamentación de la norma.

Sin embargo, Nelson Huamán, secretario de Defensa de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria (Fentagro), adelantó a Correo que el vocero a nombrarse solo acudiría a las citas para plantear las exigencias de los trabajadores, y no para otros fines.

“Nosotros designaremos a la persona que irá a esas reuniones, pero no para trabajar en el reglamento (...). Nosotros buscamos la derogatoria de la ley”, enfatizó.

ARGUMENTACIÓN. Al ser consultada sobre por qué el Ejecutivo promulgó la nueva Ley Agraria cuando esta todavía enfrenta cuestionamientos por su contenido, la premier Bermúdez respondió que habían razones de fondo que el Ejecutivo no podía ignorar o evadir.

Explicó que si no decretaban la norma, los trabajadores -desde el 1 de enero del 2020- iban percibir el mismo sueldo que antes ganaban y que desencadenó la primera de sus protestas.

“Estamos hablando de 31 soles, (o con el acumulado de los beneficios sociales) 39 soles diarios. Con esta nueva ley se ha producido un incremento y pasarían a percibir un jornal equivalente a 48 soles y un poco más”, agregó.

También recalcó que si no se promulgaba la ley, las empresas agroexportadoras pasarían “al régimen general” y perderían los “beneficios tributarios”.

“Ellos pagan un 15% de impuesto a la renta y, a partir del primero de enero de este año, pudieron pasar a pagar 29.5%”, manifestó.

En otro momento, la primera ministra sostuvo que uno de los puntos por los que no se llegó a un acuerdo para el incremento remunerativo en la referida norma se debe a la desorganización que existe en la representatividad de los trabajadores del agro.

“No están organizados en su mayoría y para una negociación se tiene que tener claramente identificada las partes, las vocerías. Eso ha sido un obstáculo para el proceso de la normativa”, subrayó.

Muertes. Sobre las protestas en diversos puntos del país y los dos muertos que estas dejaron en La Libertad, Bermúdez añadió que la Policía Nacional del Perú no utiliza las armas de fuego para reprimir a los manifestantes y que cumplen con los protocolos internacionales.

Sin embargo, refirió que solo hubo un policía (Víctor Bueno Alva, identificado mediante una fotografía), que disparó por que fue detenido inmediatamente y “está en manos del Ministerio Público y de la Inspectoría de la PNP”.

“¿Cómo este señor se atreve a cometer un delito? Este es un delito. Él no tenía autorización alguna para hacerlo”, declaró a RPP.

Añadió que el hecho en cuestión representa “una situación aislada” y que no constituye una práctica policial recurrente.

En ese sentido, apuntó que hay “responsabilidades penales” y políticas.

“Quiero dejar en claro que jamás dispusimos el uso de armas de fuegos”, añadió.

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