Al menos siete jóvenes lograron contratos en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), tras mantener reuniones previas con Iván Paredes Yataco, jefe de la institución. Esta situación ha generado cuestionamientos, debido a que los beneficiados no contarían con la experiencia requerida, lo que pondría en duda la transparencia.
Según el dominical de Cuarto Poder, el INPE a cargo de Iván Paredes se ha convertido en una “agencia de empleos”. A pesar de estos cuestionamientos y otras denuncias por apropiación, el presidente José Jerí lo mantiene en el cargo.
CONTRATOS
Uno de los casos es el de Luis Sebastián Arce Acosta, quien ingresó al despacho de Paredes Yataco el 31 de julio de 2025, permaneciendo cerca de 25 minutos. Semanas después obtuvo su primer contrato con el INPE bajo la función de Asistencia Técnica Administrativa para la Asistencia con los Expedientes Administrativos de la Secre, por el monto de S/10 500.00.
La situación se repite con Lucienne Francinny Cabanillas Delgado (22), quien sostuvo reuniones con el funcionario el 12 y 19 de agosto, y el 17 de octubre. Sus visitas tuvieron resultado, pues el mismo 17 se le asignó la función de asistencia en seguimiento de actividades administrativas para la presidencia del consejo.
La joven logró una orden de servicio con S/8 283.00, sin contar con registros en el portal de Sunedu, nunca trabajó en el Estado ni contaba con el requisito básico para una orden de servicio. Revelan que no estaba en el registro nacional de proveedores, pero tras la contratación, hizo regularizar el proceso.
El 14 de agosto de 2025, Jorge de la Rosa Ayala también sostuvo una reunión de aproximadamente 40 minutos con Paredes Yataco, tras lo cual se emitió una orden de servicio por 6 mil soles. Ese mismo día, otras personas ingresaron al despacho y posteriormente fueron beneficiadas con contratos, como Jadira Chumpitaz Soto, que obtuvo dos órdenes de servicio por S/15 000; Christian Quipuzco Guzmán, con una orden por S/6 000; y Luis Huachaca Rojas, que obtuvo empleo por S/6 000.
Por si fuera poco, el 4 de agosto de 2025, Flor de María Fernández Ñique visitó las oficinas de Paredes Yataco, pero un mes después, 12 de setiembre, se dispuso un orden de servicio de asesoría legal por S/4 435.00. Un mes después se generó otra orden por más de 7 mil soles.
A esta lista, se suma la de Hilda Quispe Reynoso, que visitó al funcionario el 14 de noviembre de 2025, y a los cuatro días logró obtener su registro nacional de proveedores. No obstante, el 27 del mismo mes obtiene un servicio en el Estado bajo el nombre de auxiliar administrativo para Gabinete de Asesores del Consejo Nacional Penitenciario.
Al respecto, Cecilia Ruiz Morales, abogada especialista en contratos públicos, advirtió que estos hechos son repetitivos y deberían ser notificados.
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