El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Koki Noriega, cuestionó duramente las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, sobre la minería ilegal y pidió que se evalúe su permanencia en el cargo.
La crítica surge tras el enfrentamiento ocurrido el 31 de diciembre en la bocamina Papagayo, en el distrito de Pataz (La Libertad), que dejó tres personas fallecidas, pese a que la zona se encuentra en estado de emergencia desde hace casi dos años.
En declaraciones a RPP, Koki Noriega rechazó que se atribuya responsabilidad a los gobiernos regionales y recordó que, conforme a la Constitución, el control de Pataz recae en el Gobierno central durante el estado de emergencia.
Indicó que, solo en 2025, se han registrado 49 víctimas mortales en la zona, lo que evidenciaría una ausencia de control territorial por parte del Estado.
Además, cuestionó que el premier afirme que no es obligación del Estado controlar la minería ilegal, al considerar que dicha postura desconoce la gravedad del problema y la responsabilidad política del Ejecutivo.
Asimismo, el titular de la ANGR negó que los gobiernos regionales hayan tenido autonomía para enfrentar la minería ilegal y aseguró que las principales competencias de fiscalización y sanción siempre han estado en manos del Gobierno central.
En ese sentido, sostuvo que las regiones solo recibieron funciones administrativas sin presupuesto ni recursos, por lo que calificó de falsa y centralista la narrativa que responsabiliza a los gobiernos regionales de la crisis en Pataz, insistiendo en la necesidad de asumir costos políticos ante la violencia persistente.
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