“Este Gobierno tiene claro su objetivo de atacar a las mafias desde diversos frentes para que pierdan su poder operativo y económico”, afirmó el primer vicepresidente de la República y presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, al destacar la publicación de tres decretos legislativos destinados a fortalecer la lucha contra el crimen organizado y el control del sistema penitenciario.
Las normas, identificadas como los decretos legislativos 1745, 1746 y 1747, forman parte de las medidas del Gobierno para enfrentar la criminalidad organizada y fortalecer la seguridad penitenciaria. Entre sus principales cambios figuran la participación del Ministerio de Defensa en proyectos carcelarios y la creación de un registro nacional de bandas que utilizan prácticas terroristas.
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Ministerio de Defensa asumirá la construcción de cárceles
El Decreto Legislativo N.º 1745 asigna al Ministerio de Defensa (Mindef) la responsabilidad de programar, formular, ejecutar y supervisar inversiones destinadas a infraestructura penitenciaria en todo el país.
La medida comprende proyectos de construcción, ampliación, rehabilitación, mejoramiento y equipamiento de establecimientos penitenciarios. Su finalidad es contribuir a reducir la brecha de infraestructura y el hacinamiento en las cárceles peruanas.
Sin embargo, la norma establece que el Ministerio de Defensa no asumirá la administración de los penales ni la custodia de los internos. Estas funciones, junto con el tratamiento penitenciario y la resocialización, permanecerán bajo responsabilidad del sector Justicia y Derechos Humanos.
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Crean registro de bandas criminales con prácticas terroristas
El Decreto Legislativo N.º 1746 crea el Registro Nacional de Organizaciones Criminales con Prácticas Terroristas (RENOCTE), destinado a identificar organizaciones que emplean atentados con explosivos o armas para obtener beneficios económicos ilícitos.
La norma contempla el registro de organizaciones que atacan personas, viviendas, medios de transporte, servicios públicos e infraestructura esencial. También considera estructuras delictivas organizadas y jerarquizadas que recurren a estas prácticas.
El registro será administrado por la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (Sedena) y tendrá carácter secreto. Las inscripciones podrán sustentarse en actuaciones fiscales o judiciales previstas en la ley, así como en una declaración del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosedena).
Penas de hasta 35 años para organizaciones criminales
Una de las principales modificaciones incorpora el artículo 317-C al Código Penal, que establece penas de prisión de 15 a 35 años para quienes cometan la modalidad agravada del delito de organización criminal mediante prácticas terroristas con fines de lucro ilícito.
La disposición también establece mecanismos para comunicar información sobre las personas registradas a la Superintendencia Nacional de Migraciones, con el objetivo de generar alertas migratorias preventivas.
De acuerdo con el Ejecutivo, estas herramientas buscan reforzar las acciones contra las organizaciones dedicadas a delitos como la extorsión mediante ataques con explosivos y otras formas de violencia.
INPE tendrá cambios en su organización y control interno
El Decreto Legislativo N.º 1747 dispone la modernización del Instituto Nacional Penitenciario, organismo adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La reforma busca fortalecer la seguridad y la inteligencia penitenciaria, combatir la corrupción institucional y mejorar los programas de tratamiento y reinserción social de las personas privadas de libertad.
La disposición modifica la organización de la entidad e introduce mecanismos para mejorar la supervisión y la responsabilidad de sus funcionarios. El objetivo declarado es fortalecer la capacidad operativa del sistema penitenciario y la gestión de los establecimientos carcelarios.
UIF podrá congelar fondos de organizaciones registradas
El Decreto Legislativo 1746 también faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) a disponer el congelamiento inmediato de fondos o activos de personas naturales o jurídicas comprendidas en el RENOCTE.
Esta medida busca intervenir sobre los recursos económicos de las organizaciones criminales, además de las acciones penales contra sus integrantes.
Galarreta afirmó que las modificaciones forman parte de una estrategia que combina infraestructura penitenciaria, inteligencia financiera y control de los centros de reclusión.
¿Desde cuándo se aplicarán los cambios?
Los decretos fueron publicados el 21 de noviembre de 2026. La norma que transfiere competencias sobre infraestructura penitenciaria al Ministerio de Defensa entró en vigencia el 22 de noviembre, aunque contempla un proceso gradual de transferencia de proyectos.
En el caso de la reorganización del INPE, algunas disposiciones también entraron en vigor el 22 de noviembre, mientras que determinados cambios organizativos dependerán de la aprobación de su Reglamento de Organización y Funciones.
El decreto dispone un plazo máximo de 90 días hábiles para aprobar dicho reglamento.





