Tras conocer que el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, viene impulsando un proyecto de Ley que crea una nueva comisión ordinaria capaz de “investigar y sancionar delitos cometidos por fiscales y jueces”, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, señaló que dicha iniciativa interfiere con la Constitución.
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A decir del titular de la cartera de Justicia, la creación de una Comisión de Fiscalización de la Función de Jueces y Fiscales, afecta el sistema democrático y subrayó que “no existe un control político de las sentencias de los jueces”.
“Estamos enfrentando una situación en que la política se está judicializando y en la que la justicia se está politizando (...) El proyecto a todas luces interfiere directamente con la Constitución y afecta el sistema democrático, porque lo que está haciendo es afectar la capacidad de los jueces de emitir sentencias. Y eso no está sujeto a fiscalización”, dijo en RPP.
Eduardo Arana señaló que fiscalización a las sentencias se dan mediante las apelaciones. “En todo caso, la fiscalización a las sentencias se hacen a través de los procedimientos en los procesos que es la apelación. Estos se controlan a través de las instancias. Por último, existe el control judicial, el control constitucional. No existe un control político de las sentencias de los jueces”, refirió.
Comunicado
Asimismo, el Ministerio de Justicia emitió un comunicado incidiendo que la propuesta de Waldemar Cerrón, resulta incompatible con la Constitución Política, ya que afecta el principio de separación de poderes y pone en riesgo el sistema democrático del país.
El pronunciamiento subraya que establecer un control político sobre las resoluciones judiciales y fiscales contraviene la independencia y autonomía de los órganos del sistema de justicia.
Agrega que “el diseño constitucional vigente ha reservado a la Contraloría General de la República, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y otras autoridades competentes la responsabilidad de fiscalizar la labor de estos funcionarios, aplicando mecanismos administrativos, disciplinarios o judiciales para corregir y sancionar las irregularidades”.
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