A casi 100 días de su gestión, el presidente de la República, Pedro Castillo, no ha cumplido con ninguna de las promesas de su Plan de Gobierno “Perú al Bicentenario- Sin corrupción”, el cual presentó durante la campaña presidencial y se comprometió a realizarlas en ese tiempo.
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De acuerdo a sus propuestas, una de sus primeras medidas era reactivar la economía mediante el fomento de la inversión privada para generar empleo, fortalecer el rol regulador del Estado a monopolios y oligopolios, brindar acceso a créditos para el sector agricultura y la Pymes, a través del Banco de la Nación, además del subsidió temporal de servicios de agua, electricidad e internet.
Asimismo, se comprometió a mejorar la presión tributaria desde el primer día de gestión, renegociar contratos de estabilidad tributaria con las grandes empresas y un crear un nuevo impuesto a las sobre ganancias a través de un “Diálogo Nacional Descentralizado”, sin embargo, no las cumplió.
Así lo señaló a este medio el exministro de Economía y director de Videnza Consultores, Luis Miguel Castilla, quien consideró que el mandatario no ha cumplido con nada de lo que se comprometió, y que lo único positivo que ha realizado, aunque con dos meses de retraso, fue ratificar a Julio Velarde como presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú.
“El empleo formal sigue deprimido por debajo de los niveles que tenía antes de la pandemia; el Gobierno ha ofrecido una política fiscal expansiva, a través de transferencia de bono Yanapay, que son subsidios ciegos. No ha cumplido con la creación de empleo y menos el de tipo temporal, que se dan por la inversión privada”, indicó el economista.
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Sobre la regulación de oligopolios y monopolios, Castilla señaló que el mandatario se ha enfocado en vulnerar la capacidad técnica del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). “Ha nombrado a personas inexpertas y está haciendo una auditoria a la gestión anterior para reestructurar. Está debilitando a la entidad encargada de la libre competencia”, dijo.
Según Castilla, el jefe de Estado ha realizado promesas de apoyo a las pequeñas empresas, pero no se ha logrado concretar con algún planteamiento estructural que mejore la capacidad de pago. Agregó que la reforma tributaria planteada ante el Congreso tiene cuestionamientos.
“La inversión pública ha caído en el último mes y hay 18 mil millones en obras paralizadas. No hay algún tipo de inversión importante”, acotó.
Otras de las promesas de Castillo fue realizar una segunda reforma agraria, el cual anunció el pasado 3 de octubre junto al entonces premier Guido Bellido, quien anunció que enviará un proyecto de ley de reforma de ese sector al Parlamento.
Sin embargo, en diálogo con Correo, la presidenta de la Comisión Agraria del Congreso, Vivian Olivos, sostuvo que el Ejecutivo no ha presentado ninguna iniciativa sobre el tema agrario.
“Los ejes de su reforma agraria (de Pedro Castillo) están vinculados a acciones en la que hoy el Ejecutivo tiene por funciones y atribuciones; en muchos casos ya existen marcos legales. Creemos que aún sigue siendo poco claro a qué se refiere con su segunda reforma agraria”, señaló la parlamentaria.
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En el Plan de Gobierno de los 100 primeros días, el ahora presidente de la República anunció que relanzará la construcción del Gasoducto Sur Peruano y que construirá una " Red Nacional de Gasoductos” y que fortalecerá la gestión de empresa pública. “Fortaleciéndose la gestión de empresa pública, regulando una política de subsidios por destino y uso: domiciliario, industrial, otros, favoreciendo la rentabilidad social del recurso”, se alega en el documento.
Empero, por ahora, el Gobierno solo ha iniciado un diálogo con el consorcio Gasoducto Sur para una renegociación del contrato de explotación de ese recurso y ha tenido posiciones contradictorias.
Como se recuerda, el pasado 25 de octubre, el presidente sostuvo que va a recuperar el gas de Camisea, pero fue cuestionado por la falta de argumentos. Por ello, al día siguiente se rectificó y dijo que será respetuoso “con la libertad de empresa”.
También, el Plan de Gobierno contempla priorizar el “retorno seguro y oportuno a la educación presencial”, que implicaba priorizar la vacunación de los docentes, optimización de las infraestructuras en centros educativos, así como entrega de mascarillas y alcohol a los estudiantes, entre otras medidas.
Al respecto, el Consejo Nacional de Educación ha exhortado al Gobierno a realizar mejoras en los centros educativos a fin de que las clases presenciales puedan iniciará recién en marzo del 2022.
“Desde octubre del 2020, el Ministerio de Educación ha propuesto vías distintas para facilitar la realización de actividades educativas presenciales en condiciones seguras, flexibles, graduales y voluntarias. Sin embargo, el avance ha sido muy lento: según cifras oficiales, hasta antes de octubre del presente año, no más de un 12% de las instituciones educativas habilitadas ofrecen algunas actividades presenciales″, indicaron.
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Desde la Comisión de Educación del Congreso indicaron que el Ejecutivo hace poco para el retorno de las clases presenciales y, por ello, han convocado a una mesa de trabajo multisectorial para lograr que los estudiantes regresen al colegio.
Es más, un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) señala que solo el 4,4% de los estudiantes en el Perú se han visto beneficiados con el retorno a las clases presenciales, el cual nos ubica en el último lugar de las siete naciones en Sudamérica.
Otra propuesta fue la convocatoria a un referéndum para una Asamblea Constituyente, pero hasta el momento la Comisión de Constitución del Congreso no ha recibido alguna propuesta legislativa del Ejecutivo al respecto.
Incluso, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, ha señalado que el presidente Pedro Castillo no “promueve una Asamblea Constituyente” y que no presentará ninguna iniciativa con ese fin, ya que generaría incertidumbre en el país.
En otra parte del Plan de Gobierno de Castillo, donde se habla de temas de salud, plantea crear un Comando Nacional Unificado de Lucha contra el Covid-19, presidido por el Ministerio de Salud e integrado por colegios profesionales, trabajadores de salud, facultades de medicina y autoridades regionales y municipales, además de construir las llamadas “Casas Respira” en cada distrito o centro poblado para aislar a pacientes que requieran oxígeno.
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Otra propuesta fue desarrollar la telemedicina y apoyar a las familias con la distribución periódica y descentralizada de 20 millones de mascarillas, entre otros implementos, así como la adquisición de 100 plantas y 200 tanques criogénicos “para garantizar que a nadie le falte oxígeno”, entre otras propuestas vinculadas a la emergencia nacional.
De todas estas iniciativas, ninguna ha cumplido el mandatario, pero la gestión del ministro de ese sector, Hernando Cevallos, se ha enfocado en lograr que más del 60% de la población se encuentre vacunada. Incluso, días atrás, anunció que las clases presenciales en las universidades podrían empezar antes de fin de año.