El Ministerio Público incorporó a Piero Corvetto en calidad de investigado dentro de una pesquisa por hechos ocurridos en los comicios del 12 de abril. El caso comprende presuntas anomalías en procesos de contratación y hechos que habrían perjudicado el derecho al voto de miles de ciudadanos.
Según la tesis fiscal, al exjefe de la ONPE se le atribuye el presunto delito de colusión agravada. La investigación sostiene que determinadas acciones habrían impedido que parte del electorado sufragara durante la jornada electoral.
Entre los hechos revisados figura la contratación de la empresa Servicios Generales Gálaga S.A.C., encargada del transporte de carga para el despliegue y repliegue del material electoral.
También se menciona que en enero del 2026 se habrían establecido lineamientos que modificaban disposiciones del 2025, incluyendo la imposibilidad de presentar recursos impugnatorios tras una adjudicación.
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