La bancada solicita abrir un proceso penal contra Roberto Burneo, destituirlo e inhabilitarlo de la función pública por 10 años, tras una resolución sobre la sucesión en la Alcaldía de Lima. (Foto: GEC)
La bancada solicita abrir un proceso penal contra Roberto Burneo, destituirlo e inhabilitarlo de la función pública por 10 años, tras una resolución sobre la sucesión en la Alcaldía de Lima. (Foto: GEC)

La posibilidad de que Rafael López Aliaga vuelva a ocupar la alcaldía de Lima quedó en el centro de una controversia entre Renovación Popular y el Jurado Nacional de Elecciones.

La bancada presentó una denuncia constitucional contra el presidente de este organismo, Roberto Burneo, y solicitó que sea separado del cargo e inhabilitado para ejercer funciones públicas durante una década.

La acusación fue suscrita por 12 parlamentarios, entre ellos Norma Yarrow, Roxana Rocha, Diego Bazán, Jorge Zeballos y Javier Cipriani. En el documento también se solicita autorizar la apertura de un proceso penal contra Burneo por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad.

El cuestionamiento apunta a la Resolución N.° 4557-2026-JNE, aprobada por mayoría el pasado 2 de noviembre. La disposición señala que un alcalde que haya ejercido durante el periodo anterior y sea elegido primer regidor para el siguiente mandato no podrá asumir nuevamente la alcaldía si se produce una renuncia, exclusión, tacha, vacancia o ausencia del burgomaestre entre 2027 y 2030. En esos casos, se deberá continuar con el orden de prelación de la lista electoral.

Para sustentar su denuncia, Renovación Popular señala que López Aliaga ejerció la Alcaldía de Lima entre 2023 y 2026 y fue elegido primer regidor para el periodo 2027-2030. La bancada invoca el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece que, ante la vacancia o ausencia del alcalde, debe reemplazarlo el “primer regidor hábil”, sin incluir como impedimento haber ocupado anteriormente ese cargo.

Los parlamentarios consideran que el Pleno del JNE excedió sus atribuciones al establecer una restricción que no figura en la ley y que, según sostienen, afecta la representación obtenida por el partido en las urnas.

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