Fuente: Foro Económico Mundial
Fuente: Foro Económico Mundial

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) rechazó las declaraciones de la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, durante su participación en el Foro Económico Mundial (Foro de Davos), donde descalificó al sector minero formal que trabaja en el Perú “al imputarle acciones contra el medio ambiente y de falta de interrelación con las comunidades vecinas a las unidades mineras”.

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“El gremio lamenta además que las afirmaciones inexactas de la vicepresidenta se hayan dado en el marco de un evento de visibilidad internacional para nuestro país, como es el Foro Económico Mundial (Foro de Davos), el mismo que se presenta como la oportunidad para posicionar al país, y generar el diálogo, debate y análisis del contexto global económico y sociopolítico actual, y sus implicancias para el Perú”, indicaron a través de un comunicado.

Asimismo, la SNMPE lamentó que las autoridades del Gobierno desaprovechen una gran oportunidad para promover nuevas inversiones hacia el sector minero peruano, que juega un rol importante en el proceso de reactivación de la economía nacional y se busque deslegitimar su real aporte en el Perú.

“La minería formal moderna, la de hoy, que representa nuestro gremio en el Perú es social y ambientalmente responsable. Está ampliamente regulada y únicamente opera luego de cumplir con estrictos parámetros ambientales como los límites máximos permisibles (LMP) y estándares de calidad ambiental que son permanentemente supervisados por diversos organismos como el OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental), la ANA (Autoridad Nacional del Agua) y el OSINERGMIN (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería)”, indicaron.

Respecto a la posición de Boluarte sobre supuestas falencias de la consulta previa, desde la SNMPE precisaron que existe un marco regulatorio y es responsabilidad del Estado promoverla y ejecutarla.

“Coincidimos en que el diálogo y trabajo conjunto es el mejor camino para impulsar la economía y crecimiento de nuestro país; y siempre hemos actuado en línea con ese convencimiento. Sin embargo, este diálogo debe darse con la verdad como principal motivador, así como con la voluntad desde el Ejecutivo de garantizar un marco institucional sólido que haga más eficientes las tareas pendientes”, precisaron.

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En otro momento, explicaron que el marco legal actual establece que la minería formal solo opera si previamente se ha aprobado un estudio de impacto ambiental (EIA) y posee instrumentos para la recuperación posterior de las zonas intervenidas, llamados planes de cierre de minas.

“Esta regulación, sin embargo, no alcanza a la minería ilegal, que sí viene generando impactos irreversibles al medioambiente, sin que exista una acción firme del Estado para combatirla. Se estima que solo en el sureste de la Amazonía peruana se vienen deforestando 31.000 hectáreas de bosque y que en 21 de las 24 regiones existe minería ilegal e informal”, destacaron.

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