El Tribunal Constitucional (TC) dejó al voto el hábeas corpus presentado por la defensa del expresidente Ollanta Humala, quien busca anular la condena de 15 años de prisión que cumple por el delito de lavado de activos agravado.
La audiencia se realizó este 9 de junio y permitió a las partes exponer sus argumentos ante los magistrados del máximo intérprete de la Constitución.
El recurso constitucional también pretende dejar sin efecto la reclusión del exmandatario en el penal de Barbadillo, donde permanece internado tras la sentencia emitida por el Poder Judicial.
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Defensa cuestiona aplicación del delito de lavado de activos
Durante la audiencia, la defensa legal de Humala sostuvo que los aportes destinados a campañas políticas no podían ser considerados como lavado de activos bajo el marco normativo vigente durante los años investigados.
Los abogados argumentaron que corresponde aplicar el mismo criterio utilizado en otras resoluciones judiciales relacionadas con financiamiento político, invocando el principio de igualdad ante la ley.
Según la defensa, el caso debería recibir un tratamiento similar al adoptado en otros procesos sobre aportes de campaña, bajo el principio de “igual razón, igual derecho”.
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TC deberá determinar si hubo vulneración de derechos
Los magistrados del Tribunal Constitucional deberán evaluar si durante el proceso judicial se produjeron vulneraciones al debido proceso o a la libertad individual del exmandatario.
Tras escuchar los argumentos de ambas partes, el colegiado decidió dejar el caso al voto, por lo que la resolución será emitida en una fecha que aún no ha sido anunciada.
La decisión del TC podría tener impacto directo sobre la situación jurídica de Humala y sobre los criterios aplicables en casos vinculados al financiamiento de campañas políticas.
La condena dictada contra Ollanta Humala
En abril de 2025, el Poder Judicial condenó a Ollanta Humala a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos agravado.
La sentencia de primera instancia concluyó que el exjefe de Estado recibió aportes ilícitos para financiar sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.
De acuerdo con la resolución judicial, dichos recursos habrían provenido de la constructora Odebrecht y del gobierno venezolano.
La condena motivó la presentación del hábeas corpus que ahora analiza el Tribunal Constitucional.
