La Defensoría del Pueblo condenó el secuestro del empresario minero y el asesinato de sus cuatro acompañantes ocurrido en Trujillo.
Este hecho, según dijo, constituye una grave manifestación de violencia que genera preocupación y alarma en la población, “poniendo en duda la efectividad de las declaratorias de emergencia” en Trujillo.
“Frente a estos hechos, la Defensoría del Pueblo exige a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público desarrollar, con carácter prioritario, célere y exhaustivo, todas las acciones de investigación necesarias para esclarecer los hechos, identificar, ubicar y capturar a los responsables de los asesinatos y determinar el paradero de la persona secuestrada, así como determinar la posible existencia de autores intelectuales y demás personas involucradas”, indicó.
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