El operativo fiscal que alcanzó a las sedes de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y de la Sucamec concluyó luego de ocho horas de diligencias.

La intervención incluyó el registro y la incautación de documentos y equipos en 15 inmuebles, como parte de una investigación por presunto favorecimiento irregular a empresas de transporte de caudales.

La hipótesis del Ministerio Público apunta a que funcionarios de ambas instituciones habrían beneficiado a Hermes y Prosegur para conservar su posición dominante en el mercado e impedir el ingreso de una compañía competidora. Por estos hechos, ocho personas son investigadas por el presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado.

En las diligencias participaron 24 fiscales y agentes de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional. Según la resolución judicial, entre los investigados de la SBS figuran dos trabajadores que ocupan los cargos de intendente y supervisor.

Uno de los antecedentes del operativo fue el pedido fiscal presentado el 13 de noviembre para detener preliminarmente a los implicados durante siete días. Sin embargo, el juzgado declaró infundado ese requerimiento y autorizó únicamente el allanamiento y la incautación de documentación y equipos en las sedes estatales.

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