La administración del alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, sigue ensombreciéndose con más denuncias y cambios de funcionarios, lo que no permite el despegue de la gestión.
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Querella
A los procesos legales que enfrenta Fernández, y que podrían dejarlo fuera de la alcaldía, ahora se suma una nueva querella.
El Primer Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo admitió la denuncia presentada por el trabajador edil Julio Enrique Morillas Rodríguez.
El servidor de la Subgerencia de Fiscalización de Tránsito, indicó que Arturo Fernández, valiéndose de su condición de alcalde, habría mancillado su honor y buena reputación.
Las ofensas habrían sido reiterativas y las habría realizado el 21 de diciembre de 2022 (ya había ganado la alcaldía) y los días 6, 17, 19 y 26 de enero, a través de redes sociales. Ahí la autoridad edil habría indicado que Morillas le habría solicitado coimas a sus familiares, para que les entreguen licencias a favor del colegio de sus padres.
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Fernández también habría dicho que el denunciante integraría una organización criminal dedicada a la extorsión.
Con esta denuncia, el alcalde suma varias acusaciones por difamación agravada, entre ellas la sentencia por agredir verbalmente a la teniente Nataly Rojas. También tiene un proceso que le sigue el jefe de la Tercera Macro Región Policial, general Augusto Ríos, y la querella que le entabló el exdirector del Proyecto Arqueológico Huacas de Moche, Ricardo Morales, quien le pide al burgomaestre 100 mil soles de reparación civil.
Por este último caso, el Primer Juzgado Unipersonal de Trujillo convocó a juicio oral el 26 de julio.
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Investigación
En su momento, Arturo Fernández aseguró que de dejar el municipio no permitiría que su primer regidor, Mario Reyna, asuma la alcaldía.
Al parecer, el burgomaestre estaría buscando todas las opciones para inhabilitar a su teniente alcalde. Para ello, el último viernes ingresó un oficio al Congreso de la República solicitando que una comisión especial llegue e investigue a Reyna.
Cuestionó que el regidor haya consignado en su declaración jurada bienes por S/ 10 millones.
“No dudo de la honorabilidad del mencionado; pero da mucho que pensar que su socio sea Luis Alberto Valdez Farias, con quien tiene un estudio jurídico denominado Valdez Aliaga Canales y Reyna, en Lima”, afirma en su solicitud.
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Más cambios
Mientras el alcalde está enfrascado en sus procesos judiciales, en el municipio continúa la inestabilidad, pues tres funcionarios dejaron sus puestos el último viernes. El primero en irse fue Cristian Rojas Castillo, quien dejó la Gerencia de Administración y Finanzas. A la interna de la comuna se dio cuenta que ese mismo día también habrían renunciado Javier Sánchez Arroyo (Subgerencia de Transporte) y Deivis Bravo Jara (Subgerencia de Seguridad Vial).
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