Hoy, desde las 4 de la tarde, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJ-LL) decidirá la suerte del alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Arturo Fernández Bazán.
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El colegiado dará a conocer si ratifica o no la sentencia dictada en primera instancia en contra del burgomaestre, a quien se le condenó a un año de pena privativa de la libertad suspendida y al pago de una reparación civil de S/ 5,000 a favor de la policía Nataly Rojas, quien lo denunció por difamación agravada.
De confirmarse la pena, Arturo Fernández sería vacado del cargo y en su reemplazo tendría que asumir en los próximos días el teniente alcalde, Mario Reyna. No obstante, para evitar esto, Jorge Pérez, abogado del alcalde, solicitó al Poder Judicial se le revoque la condena y se le dicte una reserva de fallo.
Para lograr este cometido, su defendido reconoció su delito y dijo estar “arrepentido”. Además, pagó la reparación civil de S/ 5 mil, pese a que la denunciante, en la audiencia del 14 de junio, pidió aumentar el monto a S/ 50 mil.
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Tomás Alva, abogado y especialista en temas electorales, indicó que “es muy altamente probable que la Sala ratifique la sentencia de primera instancia e incluso podría ampliar la reparación civil en el monto, teniendo en cuenta que ahora los ingresos del querellado han aumentado”.
De confirmarse la sentencia, cualquier ciudadano podría solicitar la vacancia del alcalde. Por lo pronto, el exregidor de Trujillo, José Miranda, adelantó que de confirmarse la pena solicitará la vacancia de Arturo Fernández.
“Yo haré mi petitorio ingresando el expediente al Jurado, no ante mesa de partes de la municipalidad de Trujillo porque se va a prestar al manoseo, a las leguleyadas, como se está haciendo con el petitorio de suspensión al cargo de alcalde por 90 días que ha presentado el regidor Jorge Vásquez, porque también agravio a su esposa y a la dignidad de su familia”, dijo.
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Lluvia de denuncias
Fernández también tendrá que responder ante el Poder Judicial este 26 de julio, pues el exdirector del Proyecto Arqueológico Huacas de Moche, Ricardo Morales, lo denunció por difamación agravada y solicitó una reparación civil de 100 mil soles.
Además, el alcalde tiene otra querella, por el mismo delito, interpuesta por el trabajador de la comuna trujillana Julio Enrique Morillas Rodríguez, quien exige se condene al alcalde y, además, se le imponga el pago de S/ 300 mil de reparación civil.
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