El informe final de la , que tuvo entre sus indagaciones el caso Sarratea y Puente Tarata III, sobre el primer caso,  indica en parte de sus conclusiones que el presidente de la República, ,  ha incumplido la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo al no cumplir con garantizar el acceso a la información que producen las entidades ya que las reuniones en (Breña) no eran públicas ni en el Despacho Presidencial.

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“El ha transgredido la Ley N°28024, que reglamenta y sanciona la gestión de intereses en la administración pública, y su reglamento; el cual indica que los servidores del Estado están obligados a mantener actualizado y accesible el registro de visitas, y además regula la prohibición de los funcionarios públicos de atender actos de gestión de intereses fuera de la sede institucional”, se indica en el documento.

En esa línea, se explica que el jefe de Estado sí mantuvo reuniones en el pasaje Sarratea con exministros de Estado, congresistas, funcionarios públicos y empresarios con el fin de planificar actos de corrupción.  “Esto está relacionado a los hechos investigados por fiscalía en el caso del y de los exministros Walter Ayala y Juan Silva”, se precisa.

Por este motivo, se remite a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, las denuncias establecidas en el presente informe, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo; así como por la infracción a la Constitución.

Respecto al caso Tarata III, concluye que el presidente Castillo, Juan Silva, Zamir Villaverde y Karelim López estuvieron relacionados para coordinar los direccionamientos de los resultados de los diversos procesos de selección en el Ministerio de Transportes a favor de diversas empresas.

“Que, los dueños de las empresas que conformaron el Consorcio Puente Tarata, otorgaron beneficios económicos al , por intermedio de Karelim López. Además, la empresa TAPUSA, integrante del consorcio Puente Tarata, entregó sumas de dinero al ex Ministro del MTC, Juan Silva, por intermedio de Zamir Villaverde”, se agrega.

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Asimismo, se indica que el mandatario y Silva ejercieron control sobre diversos funcionarios públicos como Alcides Villafuerte Vizcarra, Víctor Valdivia Malpartida, Edgar Vargas, Juan Altamirano Sánchez y Hugo Trece Gallardo.

“Los funcionarios de Provías Descentralizado realizaron coordinaciones con los hermanos Marco Pasapera Adrianzén, George Pasapera Adrianzén, Héctor Pasapera López y Víctor San Miguel para favorecer al consorcio Puente Tarata. Se promovieron a los señores Víctor Valdivia Malpartida, Edgar Vargas por decisión del  exministro del MTC luego de favorecer al consorcio”, se acota.

En esa línea, se precisa que Zamir Villaverde logró que Juan Silva nombre a Hugo Trece Gallardo como jefe de la Sub dirección de Conservación de Provias Nacional con la finalidad de gestionar que las empresas chinas ganen los procesos de licitación en esa instancia administrativa.

“Existen indicios suficientes que los congresistas Raúl Doroteo Carbajo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Flores Ancachi, Darwin Espinoza e Ilich López Ureña habrían tenido participación para determinar los resultados de los procesos de selección en entidades del Estado. Para lo cual habrían estado coludidos con el presidente Castillo, Juan Silva y diversos empresarios”, se acota.

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Por este motivo, en las recomendaciones de la se pide que la Comisión Permanente formule acusación constitucional ante el pleno del Congreso contra el presidente Castillo y el exministro Juan Silva.

“Formular denuncia constitucional contra el y por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, cohecho pasivo propio, tráfico de influencias, negociación incompatible o aprovechamiento indebido en el cargo y enriquecimiento ilícito de colusión agravada”, se indica.

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