La Comisión Permanente del Congreso puso fin al trámite de la denuncia constitucional presentada contra la expresidenta Dina Boluarte por las muertes registradas durante las protestas sociales desarrolladas entre finales de 2022 e inicios de 2023.
El expediente había sido formulado por la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, e incluía presuntos delitos de lesiones graves por omisión y vulneración de derechos humanos. Con esta decisión, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dispuso el archivo del caso.
La resolución también beneficia a seis exministros que formaron parte del primer gabinete de Boluarte, entre ellos Pedro Angulo, Alberto Otárola, César Cervantes, Vicente Romero, Víctor Rojas y Jorge Chávez Cresta.
Mientras sectores del Congreso respaldaron la medida al considerar que la denuncia no cumplía con los requisitos legales exigidos, legisladores de oposición cuestionaron el archivamiento.
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