El Congreso dio a conocer dos resoluciones legislativas que marcan el rumbo del caso de la suspendida fiscal Delia Espinoza Valenzuela.
A través de su publicación en el diario oficial, el Parlamento confirmó la inhabilitación por diez años para ejercer función pública y autorizó que la magistrada pueda ser procesada penalmente.
La Resolución Legislativa 008-2025-2026-CR establece la sanción de inhabilitación, sustentada en la infracción de varios artículos de la Constitución. Paralelamente, una segunda resolución declara “haber lugar a la formación de causa penal” contra Espinoza Valenzuela, dejando sin efecto su fuero para continuar con las investigaciones.
Según los considerandos del Congreso, las decisiones adoptadas se fundamentan en la Resolución 2246-2024-MP-FN emitida por fiscales supremos, documento que, a juicio del Legislativo, contiene aspectos “contrarios al texto expreso de la Ley 32130”.
El informe aprobado señala que la magistrada y otros fiscales habrían actuado “dolosa e intencionalmente” al disponer que no se cumpla dicha norma, que asigna a la Policía Nacional la conducción operativa e investigativa.
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