La Defensoría del Pueblo instó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a mantener al expresidente Martín Vizcarra en el penal de Barbadillo, donde actualmente cumple cinco meses de prisión preventiva. El pronunciamiento se dio tras la decisión del INPE de declarar nula la clasificación inicial que dispuso su internamiento en dicho establecimiento penitenciario.
En un comunicado, la institución manifestó “su profunda preocupación” por la medida adoptada de oficio, la cual podría modificar la ubicación penitenciaria de Vizcarra.
La Defensoría recordó que el Establecimiento Penitenciario Barbadillo fue asignado a expresidentes por “objetivas razones de seguridad”, según lo establece el numeral 9.5 de la Directiva Nº 006-2023-INPE-DTP, aprobada mediante la Resolución Presidencial Nº 198-2023-INPE/P.
“Desde nuestra institución recordamos que todas las personas privadas de libertad deben ser tratadas bajo los principios de igualdad, dignidad y no discriminación”, señaló la entidad. En esa línea, subrayó que las decisiones penitenciarias deben aplicarse con criterios objetivos y uniformes, en especial en casos de exmandatarios.
La normativa vigente precisa que, ante situaciones no previstas, el Consejo Técnico Penitenciario o la Subdirección de Tratamiento de las Oficinas Regionales tienen la facultad de adoptar medidas, siempre que sean comunicadas oportunamente a la Dirección de Tratamiento Penitenciario.
Sobre el caso específico, la Defensoría sostuvo: “Tenemos que la prisión preventiva dispuesta en contra del expresidente de la República Martín Alberto Vizcarra Cornejo implica mantener un criterio similar y objetivo frente a situaciones análogas, como el tratamiento penitenciario a los expresidentes de la República”.
Asimismo, advirtió: “Es por ello que, en el presente caso, rechazamos cualquier medida que implique un trato desigual que pueda afectar su vida, integridad o seguridad personal”.
Finalmente, el organismo constitucional autónomo exhortó al INPE a confirmar la permanencia de Vizcarra en Barbadillo, “en atención a su calidad de expresidente de la República y por las razones anteriormente señaladas”.
“La Defensoría del Pueblo reafirma que el respeto a la igualdad ante la ley es un pilar de nuestro orden constitucional, por lo que resulta indispensable que las autoridades penitenciarias apliquen las disposiciones de manera objetiva, garantizando condiciones humanas y seguras para todas las personas privadas de libertad, en especial de quienes ocuparon la más alta magistratura de la Nación”, concluyó.
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