La Primera Fiscalía Anticorrupción ejecutó este viernes un operativo que incluyó el allanamiento de viviendas vinculadas a personas cercanas al expresidente José Jerí. La intervención se enmarca en una investigación por presuntas irregularidades en la entrega de contratos, órdenes de servicio y designaciones dentro de entidades del Estado durante su gestión.
La diligencia comprendió el registro domiciliario de 23 personas consideradas de interés en el caso. Estas acciones forman parte de una indagación que busca determinar si existió un favorecimiento indebido a allegados del exmandatario.
Operativo simultáneo
El despliegue se realizó de manera simultánea en distintos puntos de Lima Metropolitana y en la región Huánuco. Para ello se contó con la participación de fiscales especializados y agentes de la Policía Anticorrupción.
Entre los distritos intervenidos figuran San Borja, San Isidro, Comas y La Molina. En estos lugares se ejecutaron allanamientos orientados a recabar documentación y otros elementos vinculados a las investigaciones.
Durante el operativo se procedió con la incautación de bienes, archivos y materiales considerados relevantes para el proceso. La finalidad de estas acciones es asegurar evidencias que permitan esclarecer la presunta red de contrataciones irregulares.
De acuerdo con información fiscal, los inmuebles intervenidos pertenecen a personas del entorno cercano del exjefe de Estado. Entre ellas se encuentran mujeres que son señaladas como amigas del investigado y que habrían sido beneficiadas con órdenes de servicio.
Relación de investigadas
Entre las personas comprendidas en las diligencias figuran Ledy Guadalupe Vela Ramírez, Rubiel Cristina Beraún Rojas, Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez, Alicia Alexandra Camargo Leiva y Violeta Emperatriz Beas Otero. Todas ellas son investigadas por su presunta participación en el esquema de contrataciones.
Las indagaciones también alcanzan a otras 18 personas que habrían recibido beneficios similares en distintas entidades públicas. La Fiscalía busca establecer si estos procesos se realizaron cumpliendo con la normativa vigente o si existieron irregularidades.
Uno de los puntos centrales del caso es la contratación de Ledy Guadalupe Vela Ramírez en el Ministerio del Ambiente y en EsSalud. Este hecho es analizado como parte de un posible patrón de favorecimiento dentro del aparato estatal.
Las diligencias tendrían su origen en reuniones sostenidas en Palacio de Gobierno durante noviembre de 2025. Según la información recogida, en estos encuentros se habrían coordinado las contrataciones que hoy son materia de investigación.
Las autoridades continúan con la revisión del material incautado para determinar responsabilidades. Los resultados de estas diligencias serán incorporados en las siguientes etapas del proceso.
