Exjefa del INPE pone en duda autonomía institucional en proceso que definió prisión preventiva de Vizcarra.
Exjefa del INPE pone en duda autonomía institucional en proceso que definió prisión preventiva de Vizcarra.

La exjefa del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Rosa Mávila, cuestionó la decisión de la Junta Técnica Clasificatoria de esa institución sobre el penal en el que el expresidente Martín Vizcarra debe cumplir prisión preventiva. A su juicio, el proceso careció de transparencia y solidez técnica, dejando dudas sobre la autonomía institucional y sobre si se evaluaron correctamente los riesgos penitenciarios.

En declaraciones a Canal N, Rosa Mávila advirtió que un eventual traslado a Lurigancho podría poner en serio peligro la integridad de Vizcarra, debido al hacinamiento y la peligrosidad de ese penal, que alberga a más de seis mil internos.

Rosa Mávila resaltó que las decisiones no deben limitarse a criterios técnicos, sino también incorporar un análisis prudente del contexto y de la seguridad.

La exfuncionaria recordó además el precedente de expresidentes como Alberto Fujimori, recluido en un establecimiento diferenciado, lo que -según dijo- contradice la aparente intención de enviar a Vizcarra a un penal común. Mávila cuestionó la incoherencia en el tratamiento penitenciario a exmandatarios y alertó que esto afecta la percepción ciudadana sobre la justicia y la institucionalidad.

“La decisión sobre el penal de Martín Vizcarra no se basó en política criminal ni en riesgo penitenciario”, incidió la exjefa del Instituto Nacional Penitenciario.

Asimismo, Rosa Mávila señaló la posibilidad de un trasfondo político en las decisiones del INPE, pues la reconfiguración de la Junta Técnica se da en medio de debates sobre la legitimidad de un fallo del Tribunal Constitucional. Estas coincidencias, advirtió, alimentan la desconfianza ciudadana y la sospecha de que el sistema penitenciario pueda estar siendo instrumentalizado.

La exjefa del INPE indicó que existen alternativas legales para impugnar la decisión, como la interposición de un hábeas corpus en caso de que se confirme el traslado a un penal de alto riesgo, así como recursos de reconsideración y apelación administrativa. Pidió que las autoridades revisen el caso con criterios más amplios que los meramente técnicos.

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