El expresidente Martín Vizcarra afirmó este viernes que su traslado al Establecimiento Penitenciario de Ancón II responde a un criterio político y no técnico, pese a que dos juntas calificadoras del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) recomendaron que permaneciera en el Penal de Barbadillo.

Vizcarra relató que tras su internamiento inicial en Barbadillo, el INPE envió una primera junta de calificación que determinó su permanencia en ese centro penitenciario, declaró a RPP.

Posteriormente, el miércoles 20 de agosto, se presentó un segundo grupo evaluador, el cual —según dijo— también coincidió en que debía continuar recluido en Barbadillo.

“Después de una semana llegó una segunda junta de calificación, que llegó este miércoles, hace dos días, ya desde ahí sentí algo raro que quieran clasificar a una persona en menos de una semana”, expresó.

El exmandatario aseguró que los propios miembros de la segunda junta le señalaron que, en caso de disponerse un traslado, este obedecería a “una decisión política de otro nivel”.

“Sin embargo, la misma junta, la segunda que estuvo el miércoles determinó que lo que me correspondía era estar aquí en Barbadillo y que si es que se decidía otra cosa, la propia junta me dijo que era por decisión política de otro nivel”, agregó.

Vizcarra responsabilizó directamente al Gobierno de Dina Boluarte de esta medida. “Los profesionales del INPE, profesional calificado del INPE, manifestó que me correspondía el Penal de Barbadillo, entonces desde el momento en que se toma otra decisión no es motivo de la junta, sino que es una decisión de carácter político y de persecución”, declaró.

Asimismo, enfatizó que el INPE depende del Ministerio de Justicia y este, a su vez, de la Presidencia de la República. “El INPE depende del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Justicia depende de la presidenta Dina Boluarte. Lo digo aquí con todas sus letras. Yo estoy siendo así vejado, trasladado”, señaló.

Finalmente, Vizcarra calificó la prisión preventiva en su contra como una decisión “arbitraria y abusiva”, aunque afirmó que la acataba por tratarse de una disposición judicial.

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